El gobierno de Estados Unidos analiza retirar personal aduanero de aeropuertos en jurisdicciones que no colaboran con la política migratoria federal, lo que podría afectar vuelos internacionales y el comercio aéreo.
El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, evalúa una medida que podría alterar el funcionamiento de vuelos internacionales y el comercio aéreo en varias ciudades del país. La administración estudia suspender los trámites migratorios y aduaneros en aeropuertos ubicados en las denominadas “ciudades santuario”, jurisdicciones que rechazan colaborar con las políticas federales de inmigración.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó que existen conversaciones activas dentro de la Casa Blanca sobre posibles sanciones contra gobiernos locales. Durante una entrevista, Mullin declaró: “Actualmente, aunque todavía no los estamos iniciando, estamos elaborando planes”. Y agregó: “No deberíamos estar procesando vuelos internacionales hacia sus ciudades”.
Según explicó el funcionario, desde la Casa Blanca consideran que varios gobiernos locales “no permiten hacer cumplir las leyes federales”. “Los demócratas locales de la izquierda radical no nos están permitiendo hacer nuestro trabajo y hacer cumplir las leyes federales”, afirmó.
De concretarse la medida, el Gobierno federal podría retirar personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) encargado de realizar controles aduaneros y migratorios en aeropuertos internacionales. Esto implicaría paralizar el ingreso y salida de pasajeros y carga internacional en varias terminales aéreas clave del país. La situación genera especial preocupación debido a la inminente llegada de millones de turistas extranjeros por el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El Departamento de Justicia de EE.UU. publicó una lista oficial de estados y ciudades santuario que incluye aeropuertos importantes: Boston, Denver, Filadelfia, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Newark, Seattle y San Francisco. Muchas de esas terminales concentran buena parte del flujo internacional de pasajeros hacia Estados Unidos.
Mullin ya había planteado esta posibilidad en abril durante una discusión presupuestaria, y ahora confirmó que la iniciativa se encuentra bajo análisis activo. La semana pasada, Reuters informó que el funcionario mantuvo reuniones privadas con ejecutivos del sector turístico y aerocomercial. La Asociación de Viajes de Estados Unidos confirmó esos encuentros y señaló en un comunicado: “Mullin confirmó sus comentarios anteriores de que el Gobierno está considerando retirar a funcionarios de la CBP de aeropuertos internacionales en ciertas ciudades santuario”.
Las principales empresas del sector turístico y aéreo advirtieron que la decisión podría generar consecuencias “devastadoras” sobre el transporte internacional y las economías locales. Solo en los tres aeropuertos principales de Nueva York ingresaron más de 50 millones de viajeros internacionales durante el último año. Desde Airlines for America alertaron que una reducción del personal aduanero alteraría severamente las operaciones aéreas, el flujo internacional de carga, los tiempos migratorios y el funcionamiento logístico de los aeropuertos.
Por su parte, dirigentes demócratas sostienen que las reformas impulsadas en varias ciudades buscan limitar abusos cometidos por agencias federales como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la CBP. Entre las denuncias recientes mencionaron la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis durante enero en procedimientos atribuidos a agentes migratorios. Ese escenario profundizó el choque político entre la Casa Blanca y los gobiernos locales demócratas sobre la política migratoria federal.
La discusión instaló la inmigración como uno de los ejes centrales del segundo mandato de Trump. La ofensiva contra las ciudades santuario se suma a otras medidas impulsadas por el Gobierno para endurecer controles fronterizos y aumentar las deportaciones. La posibilidad de afectar operaciones en grandes aeropuertos internacionales amenaza con abrir un nuevo conflicto político, económico y judicial entre Washington y varios estados demócratas.