Las reformas, incluidas en el presupuesto estatal para el año fiscal 2027, restringen la participación de organismos locales en tareas migratorias civiles.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó un paquete de reformas legislativas incluidas en el presupuesto estatal aprobado para el año fiscal 2027. Según un comunicado oficial, las disposiciones fueron diseñadas para limitar la colaboración de agencias estatales y locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en tareas de control migratorio civil.
Durante un encuentro con organizaciones de defensa de inmigrantes, líderes religiosos y residentes, Hochul declaró: “Hoy me reuní con neoyorquinos que fueron impactados por las acciones crueles y peligrosas del ICE. Este exceso es inaceptable y nunca será tolerado en este estado”. La mandataria afirmó que las nuevas normas buscan proteger los derechos constitucionales de todos los residentes del estado.
Una de las medidas centrales es la “Local Cops, Local Crimes Act”, que prohíbe a gobiernos locales, departamentos policiales y correccionales celebrar acuerdos 287(g) o similares con el gobierno federal. La ley también impide que los gobiernos locales financien o colaboren en la construcción de centros de detención migratoria, y restringe cambios de zonificación para facilitar dichas instalaciones sin participación comunitaria.
Otra reforma prohíbe que funcionarios policiales estatales, locales y federales utilicen coberturas faciales durante interacciones con el público, excepto por equipamiento táctico, gafas de sol o mascarillas médicas. Las infracciones deliberadas serán sancionadas como falta en primera instancia y como delito en caso de reincidencia.
El paquete amplía las posibilidades de demandar a funcionarios federales por presuntas violaciones de derechos constitucionales. Según el comunicado, los residentes de Nueva York podrán iniciar acciones judiciales contra agentes federales cuando consideren que se vulneraron derechos protegidos por la Constitución, con el objetivo de aumentar la rendición de cuentas.
Las agencias civiles estatales y locales, así como los sistemas escolares públicos, no podrán destinar tiempo de empleados ni recursos a tareas migratorias civiles. Entre las disposiciones se incluyen: prohibición de investigar por razones migratorias sin orden judicial, restricciones para compartir información personal con autoridades migratorias, impedimento para permitir acceso de agentes a áreas no públicas sin orden judicial, prohibición de usar agentes como intérpretes y restricciones para transferir estudiantes a custodia migratoria sin orden judicial.
La legislación protege lugares sensibles como hospitales, escuelas, universidades, guarderías, viviendas públicas, parques, centros comunitarios, refugios e instalaciones sanitarias, donde no se permitirá el ingreso migratorio sin orden judicial.
Finalmente, se garantiza el derecho de todos los estudiantes a la educación pública gratuita independientemente de su situación migratoria, limitando la recopilación y divulgación de información sobre estatus migratorio que pueda desalentar la asistencia escolar.