El Senado debate un proyecto que busca reducir los plazos judiciales para desalojos por usurpación o incumplimiento de alquiler, con un mecanismo que podría completarse en 20 días.
El Senado de la Nación avanza en el debate de la ley de propiedad privada, un proyecto que busca reducir drásticamente los tiempos judiciales para resolver casos de usurpación de inmuebles e incumplimiento de contratos de alquiler. Claudio Vodanovich, secretario de la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios, explicó los alcances de la iniciativa.
Según detalló, la norma apunta a ponerle un límite al extenso proceso de desalojo que hoy enfrentan los propietarios frente a las llamadas usurpaciones u «ocupas», así como ante inquilinos que incumplen sus obligaciones contractuales. Actualmente, ese tipo de conflictos puede demorar años en resolverse por la vía judicial.
Un proceso de desalojo en apenas 20 días
Vodanovich detalló el mecanismo que propone el proyecto: en un primer tramo de uno a tres días, el propietario deberá acreditar la titularidad del inmueble mediante un título de propiedad o boleto de compraventa con firmas certificadas. Luego, el juez dispondrá de entre cuatro y ocho días para notificar a la parte ocupante.
Si entre el noveno y el día quince los ocupantes no logran presentar documentación que acredite una ocupación legítima, la Justicia podrá ordenar y ejecutar el desalojo entre el día 16 y el día 20. «Este es básicamente lo que se está planteando hoy en el Congreso», resumió el especialista.
Por qué se equipara la usurpación con el incumplimiento de alquiler
Uno de los puntos más discutidos del proyecto es que equipara, dentro de un mismo esquema procesal, a quienes ocupan una propiedad de forma ilegal con los inquilinos que incumplen un contrato de locación. Consultado sobre esa decisión, Vodanovich remarcó la importancia de sostener la seguridad jurídica en ambos casos.
«La buena fe que tiene que prevalecer en estas situaciones es que cuando uno asume una obligación, el hecho es cumplirla», afirmó. Según explicó, sin esa previsibilidad se desalienta la inversión privada en vivienda, un sector que, remarcó, depende casi exclusivamente de particulares que deciden destinar sus ahorros a la compra de inmuebles para alquilar.
El especialista sostuvo que esa inversión no solo beneficia a los inquilinos, sino que también moviliza a más de 100 rubros de la economía, entre ellos la construcción, la pintura y la electricidad. «Es un motor de la economía argentina», sintetizó.
Los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros
Consultado sobre otro de los puntos sensibles del proyecto, Vodanovich aclaró que la ley no afecta la compra de departamentos por parte de ciudadanos extranjeros, sino que apunta específicamente a las grandes extensiones de tierra, en particular en zonas fronterizas.
Explicó que la normativa vigente ya establece que ningún actor puede poseer más del 15% de la superficie de un territorio determinado. A eso se suma una restricción adicional para empresas con participación estatal extranjera que busquen adquirir este tipo de propiedades.
Según indicó, el proyecto propone trasladar a las provincias la responsabilidad de autorizar o no este tipo de operaciones, especialmente en superficies de gran escala (del orden de las 1.000 hectáreas en el caso agropecuario) y en regiones limítrofes con países como Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil. «Se le está trasladando a la provincia la responsabilidad de decidir si esa inversión puede o no avanzar», concluyó.