La discusión sobre la posibilidad de que los intendentes de la provincia de Buenos Aires accedan a reelecciones indefinidas se instaló en la agenda política. El gobernador Axel Kicillof se manifestó a favor de que el tema sea tratado en la Legislatura, mientras que sectores de la oposición rechazan esa iniciativa.
En la provincia de Buenos Aires se reactivó el debate en torno a las reelecciones indefinidas de los intendentes municipales. El gobernador Axel Kicillof se pronunció públicamente a favor de que la Legislatura bonaerense trate el tema. Diferentes sectores de la oposición, entre ellos el PRO, manifestaron su rechazo a esa propuesta y defendieron la vigencia de los límites a la reelección.
El argumento que comenzó a circular para habilitar las reelecciones indefinidas se basa en la autonomía municipal garantizada por el artículo 123 de la Constitución Nacional. Según esa interpretación, cada Concejo Deliberante podría decidir si el intendente y los concejales pueden superar el límite legal de mandatos consecutivos.
La provincia de Buenos Aires tiene una ley que impide las reelecciones indefinidas de los jefes comunales. Esa norma establece un límite de dos mandatos consecutivos. La reforma de esa ley requiere una mayoría especial en la Legislatura provincial.
En los últimos días, Kicillof sostuvo que el debate debe darse en la Legislatura bonaerense. La oposición, por su parte, ratificó su rechazo y defendió la alternancia democrática como una garantía del sistema republicano.
La discusión se da en un contexto en el que la autonomía municipal, reconocida en la reforma constitucional de 1994, no fue plenamente reglamentada por la provincia. En distintas oportunidades, la Suprema Corte de Justicia bonaerense se pronunció sobre el alcance de esa autonomía, como en el caso “Municipalidad de San Isidro”.
Los defensores de la reelección indefinida argumentan que la autonomía municipal permite que cada distrito defina su régimen electoral. Los opositores sostienen que la alternancia en los cargos públicos es un principio del sistema republicano que no puede ser alterado por decisiones locales.