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El presidente electo Abelardo de la Espriella instruyó al futuro ministro de Agricultura iniciar el proceso de derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa). El Ministerio de Agricultura respondió que esa medida implicaría un retroceso en la protección del derecho humano a la alimentación.
El presidente electo Abelardo de la Espriella impartió una instrucción al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural designado, Indalecio Dangond, para que se inicie el proceso de derogatoria de las resoluciones que declararon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa).
Según un comunicado oficial de la Oficina de Prensa del presidente electo, «el próximo Gobierno revisará estos actos administrativos y sus efectos sobre la producción agropecuaria, la inversión y el desarrollo de las comunidades rurales. El procedimiento se adelantará con celeridad, rigor técnico y seguridad jurídica».
La administración electa sostiene que la decisión se basa en la necesidad de eliminar restricciones que, a su juicio, afectan «injustificadamente» el uso productivo de la tierra, con el objetivo de generar empleo, mejorar la confianza de productores e inversionistas, aumentar la oferta de alimentos y fortalecer la economía del campo colombiano.
El Ministerio de Agricultura rechazó el anuncio mediante un comunicado en el que señaló que las Appa son una figura creada para proteger el suelo rural agropecuario y garantizar la producción de alimentos en el país. Durante el Gobierno de Gustavo Petro, cerca de un millón de hectáreas en 55 municipios fueron declaradas como Appa, reconociendo el suelo rural agropecuario como patrimonio estratégico.
La cartera advirtió que «la eventual derogatoria de estas medidas representaría un retroceso en la protección del derecho humano a la alimentación, la soberanía y la seguridad alimentaria, además de afectar los derechos del campesinado y desconocer el principio de no regresividad en materia de derechos».
Además, el Ministerio informó que la derogación podría agravar la degradación de los suelos, citando datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) que indican que más de 20 millones de hectáreas presentan deterioro físico, químico o biológico severo, y que el 60% de los municipios tienen suelos agrícolas afectados.
El Ministerio indicó que la protección del suelo no es una decisión discrecional, sino un mandato jurídico vigente desde hace más de cinco décadas, señalando el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 388 de 1997 como fundamentos legales.
La cartera negó que las Appa sean «mecanismos de expropiación o de imposición de cultivos», y afirmó que en esas zonas no se restringen actividades económicas ni se impide el desarrollo de obras de infraestructura, y que no vulneran la autonomía territorial. Cada declaratoria, según el Ministerio, se sustenta en estudios técnicos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) y se adopta mediante procedimientos que garantizan publicidad, participación ciudadana y transparencia.