El proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada será debatido en la Cámara alta el jueves 6 de agosto. La iniciativa busca derogar el tope de 1.000 hectáreas para extranjeros y modificar otras normas. El oficialismo afirma contar con los votos necesarios, mientras que la oposición asegura que la aprobación no está garantizada.
El Senado de la Nación tratará el jueves 6 de agosto el proyecto de ley denominado «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que entre sus modificaciones busca eliminar el límite de 1.000 hectáreas para la compra de tierras por parte de extranjeros. Será el quinto intento del oficialismo para lograr la media sanción en la Cámara alta.
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, también modifica la Ley de Manejo del Fuego, el régimen de expropiaciones y los procesos de desalojo. Según fuentes oficialistas, los números para su aprobación son ajustados.
Negociaciones y antecedentes
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, estuvo a cargo de las negociaciones. Los tres primeros intentos de debate fueron suspendidos en medio del escándalo vinculado a Manuel Adorni. El cuarto fracasó el 16 de julio, un día después de que la Selección Argentina obtuviera el triunfo en el Mundial, cuando Bullrich solicitó un cuarto intermedio por la ausencia de dos senadores clave: Carlos «Camau» Espínola (Provincias Unidas) y Andrea Cristina (PRO).
En la sesión del jueves se espera una movilización en las inmediaciones del Congreso convocada por partidos opositores, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.
Contenido del proyecto
El capítulo III del proyecto deroga el techo de 1.000 hectáreas y el tope del 15% para la adquisición de tierras por extranjeros. La iniciativa prohíbe la compra por parte de Estados extranjeros y empresas con capital estatal extranjero, aunque habilita el «doble conforme» para estos casos: la autorización de la provincia y de la Nación.
El proyecto no modifica el régimen de tierras en zonas de frontera, que continuará regido por el decreto-ley 15.385 de 1944. Tampoco incluye la derogación de la Ley de Integración Socio Urbana, que suspende los desalojos en barrios populares hasta octubre de 2032.
En materia de expropiaciones, se establece una definición más restrictiva de «utilidad pública» y se elevan los montos de indemnización. También se modifican artículos del Código Procesal Civil y Comercial y del Código Civil y Comercial para acelerar los desalojos.
En la Ley del Manejo del Fuego, se reduce de 60 a 30 años el plazo durante el cual un terreno incendiado no puede ser vendido, en el caso de bosques nativos, áreas naturales o humedales.
Poroteo de votos
El oficialismo calcula 38 votos a favor del capítulo III: 21 senadores de La Libertad Avanza, 3 del PRO, 8 de los 10 miembros del bloque radical, más las voluntades individuales de Flavia Royón, Julieta Corroza, Beatriz Ávila, Carlos Espínola, y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
El presidente de la UCR, Leonel Chiarella, pidió a los senadores radicales que no acompañen el proyecto. Entre los radicales, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama confirmaron su rechazo. La cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) también manifestó su voto en contra.
La incertidumbre se centra en los misioneros Arce y Rojas Decut, quienes recibirían indicaciones opuestas del gobernador Hugo Passalacqua y del líder del Frente Renovador, Carlos Rovira. Se especula con que podrían votar a favor del proyecto en general y en contra del capítulo III.
«Si te faltan dos de los que contás como propios te cambia la ecuación», explicó un legislador oficialista.