La ministra de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, Patricia Orantes, presentó una nueva iniciativa de Ley para regular el uso del agua, que se suma a más de 30 proyectos presentados desde 1958. La Constitución de 1985 estableció el mandato de crear una ley específica, pero hasta la fecha no se ha logrado su aprobación.
La ministra de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, Patricia Orantes, presentó una nueva iniciativa de ley para regular el uso del agua. La propuesta fue acogida por un grupo de diputados de varios partidos políticos, integrados en su mayoría en la Comisión de Ambiente del Organismo Legislativo. El presidente Bernardo Arévalo había prometido una hoja de ruta y un proceso de consulta para la construcción del anteproyecto de ley.
Según declaraciones de la funcionaria, la nueva iniciativa recoge el espíritu de otras presentadas anteriormente y pretende establecer una hoja de ruta para la administración del recurso hídrico, incluyendo aspectos sobre derechos de uso, acceso y recuperación de bosques en las cuencas.
La iniciativa se suma a más de 30 proyectos presentados desde 1958, cuando el entonces presidente Miguel Ydígoras Fuentes creó la Comisión Nacional de Riego, con el propósito de elaborar un anteproyecto de ley de aguas. En 1962 se aprobó la Ley de Transformación Agraria (Decreto 1551), que incluyó regulaciones sobre el uso de aguas públicas para aprovechamiento agropecuario y riego.
La Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada en 1985, estableció en su artículo 127 la creación de una ley específica para regular el uso, goce y aprovechamiento del agua. La primera propuesta formal tras la nueva Constitución ingresó en 1990, pero no obtuvo consenso entre los diputados.
En 1993, la Iniciativa 891 («Ley General de Agua») fue incluida en el orden del día para su discusión en el pleno el 25 de mayo de ese año. Sin embargo, el autogolpe de Estado de Jorge Serrano Elías ese mismo día interrumpió el proceso legislativo.
Según registros parlamentarios, entre 1990 y 2016 se acumularon 27 iniciativas presentadas por distintos bloques parlamentarios, organizaciones sociales y el Ejecutivo, durante las administraciones de Vinicio Cerezo, Álvaro Arzú y Jimmy Morales.
Diversos sectores han señalado factores que impiden el avance de una normativa sobre el agua, entre ellos:
- Choque de intereses económicos: el sector privado, la agroindustria y las hidroeléctricas han expresado preocupación por posibles regímenes tarifarios o limitaciones rígidas. Poblaciones locales y organizaciones indígenas defienden el agua como bien común y derecho humano no comercializable.
- Temor a la burocracia: existe escepticismo sobre la capacidad técnica e institucional del Estado para fiscalizar, y se ha señalado que la creación de un ente regulador podría generar mayor burocracia o riesgos de corrupción.
- Falta de costo político para el Congreso: la ley es considerada divisiva, y la mayoría de las bancadas ha evitado incluirla en la agenda legislativa para no asumir costos políticos en periodos electorales.
La mayoría de las propuestas presentadas han sido dictaminadas desfavorablemente o han quedado en comisiones de trabajo, lo que convierte a la Ley General de Aguas en una de las deudas legislativas más prolongadas del país.