La Cámara de Casación dispuso que el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, retome el expediente por la quinta de Pilar atribuida a la AFA. La decisión fue firmada por los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky.
Adrián González Charvay, titular del Juzgado Federal de Campana, quedará a cargo del expediente por la quinta de Pilar atribuida a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Así lo dispuso la Cámara de Casación, en un fallo firmado por los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. La decisión fue solicitada por los dueños formales del lugar, Luciano Pantano y Ana Conte, quienes son investigados como posibles testaferros de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
La radicación del caso en la Justicia de Campana se contrapone con lo resuelto previamente por la Cámara en lo Penal Económico, que había sido designada por la propia Casación para dirimir la competencia. También se diferencia de los dictámenes de los fiscales que intervinieron en la causa. Antes de quedar radicado definitivamente, el expediente deberá pasar por la Cámara de San Martín como trámite administrativo.
González Charvay, juez con perfil de mano dura en materia de narcotráfico, había solicitado la inhibitoria para quedarse con el caso. Su pedido coincidió con el planteo de Pantano y Conte, quienes habían solicitado al magistrado que reclamara el expediente al juez Marcelo Aguinsky, entonces a cargo del caso. El juez se hizo eco de ese planteo y presentó un pedido de inhibitoria, que derivó en una disputa de competencia resuelta ahora por la Cámara de Casación.
La postura del juez se basó en dos argumentos: la garantía del juez natural por territorio, dado que la propiedad se encuentra en su jurisdicción, y la necesidad de evitar un doble juzgamiento para atraer causas periféricas. En la Justicia de Campana señalaron que este tipo de movimientos es habitual en el fuero, especialmente en casos de narcotráfico, y que solo ganó visibilidad por la exposición del expediente.
La Cámara en lo Penal Económico, por su parte, había argumentado que la investigación no podía definirse únicamente por la ubicación de la quinta, ya que el objeto de la causa se inserta en una trama más vasta que incluye posibles maniobras de lavado de activos y desvío de fondos. En su fallo, los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio señalaron que “hasta el momento no se ha avanzado en orden a la situación procesal de imputado alguno, ni se han dispuesto actos procesales que determinen una situación de avance trascendente del proceso”.
El expediente tramita actualmente en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10, a cargo de la jueza Verónica Straccia, quien lo subroga hasta fin de año. Una de las medidas en curso es un peritaje contable encargado a expertos de la Corte Suprema, cuyo resultado será determinante para el recorrido del caso. El juez pidió identificar si las ganancias que la AFA obtuvo desde 2019 ingresaron efectivamente en sus arcas o si existieron desvíos. También solicitó un análisis sobre el porcentaje que cobró TourProdEnter como agente comercial, para determinar si se ajusta a los parámetros de mercado.
El peritaje alcanza además a las transferencias recibidas por Real Central, la firma de Pantano y Conte, y a la colección de 50 vehículos encontrada en la quinta, entre ellos una Ferrari, varios BMW, Audi y otros modelos de alta gama.
González Charvay también intervino en otro expediente vinculado a la AFA, originado en Santiago del Estero, en el que un fiscal provincial solicitó la detención de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y de Pablo Toviggino. Esa causa terminó en el juzgado en lo penal económico de Diego Amarante, pero el juez de Campana presentó una inhibitoria por considerar que en su juzgado se tramitaba un caso similar, lo que abrió un nuevo conflicto de competencia.
Entre los antecedentes del juez se encuentran casos resonantes como “Bobinas Blancas”, una investigación por narcotráfico que en 2021 terminó con condenas para integrantes de una organización que ocultaba cocaína en bobinas de acero. En el ámbito político, en noviembre de 2024 procesó al exministro bonaerense de Transporte Jorge D’Onofrio por presunto lavado de activos y le dictó un embargo de 350 millones de pesos. Años atrás, procesó y elevó a juicio oral al exintendente de Pilar Nicolás Ducoté por irregularidades en la firma de convenios para obras públicas.
La decisión de la Cámara de Casación se conoce en un contexto en el que el expediente por la quinta de Pilar acumula medidas y derivaciones. El caso se originó a partir de una investigación periodística que reveló la existencia de una propiedad de lujo en Pilar atribuida a la AFA, con haras y una colección de autos de alta gama.