El uso de herramientas de IA para presentar reclamos y apelaciones está generando un aumento significativo en los litigios y apelaciones en varios países, lo que podría desbordar los sistemas judiciales y administrativos.
Tom Loosemore, cofundador del Government Digital Service británico, realizó un experimento: solicitó a un agente de inteligencia artificial que evaluara si pagaba los impuestos municipales correctos por su propiedad. El agente determinó que la propiedad estaba sobrevalorada en comparación con las viviendas lindantes y propuso los pasos para presentar una apelación, incluyendo consultar APIs públicas, medir extensiones de casas vecinas y descargar datasets del Land Registry. Loosemore detuvo el proceso, pero señaló que el agente habría presentado una apelación de mayor calidad que la de un abogado, con un costo de doce peniques.
Loosemore declaró: «La fricción que impedía que la gente apelara sus impuestos municipales acaba de desaparecer. Lo mismo aplica a cualquier otro servicio público».
Chris Schmitz, doctorando del Centre for Digital Governance de Berlín, acuñó el término «inundación agéntica» para describir este fenómeno. Según datos del Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido, las apelaciones de beneficios sociales crecieron más de un 60% desde 2022, coincidiendo con la masificación de las herramientas de IA.
Para agosto, The Economist reportó que el atraso en los tribunales laborales del Reino Unido aumentó un 55% en un año, y las peticiones de medidas cautelares urgentes se multiplicaron por cien.
El aumento de litigios no se debe a agentes autónomos, sino a personas que utilizan chatbots para redactar apelaciones, las revisan y las presentan. Esta versión elemental de la tecnología ha sido suficiente para saturar los sistemas existentes.
Loosemore estima que la fase agéntica, con agentes autónomos presentando reclamos, podría llegar en un par de años.
Los Estados modernos crearon derechos con la expectativa de que pocas personas los ejercerían debido a la fricción del proceso: formularios ilegibles, oficinas con horarios limitados, costos de abogados. En el Reino Unido, se estima que los ciudadanos dejan de reclamar hasta 24.000 millones de libras anuales en beneficios a los que tienen derecho legal, debido a la complejidad del proceso.
En Argentina, los amparos de salud ante la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal aumentaron de 1.130 en 2011 a 5.474 en 2018, y superaron los 10.000 en 2024, considerando solo obras sociales y prepagas. El Poder Ejecutivo reconoció que ese volumen tiene al Poder Judicial «sobrepasado». Nueve de cada diez amparos solicitaban cobertura de prestaciones y medicamentos ya contemplados en la cobertura obligatoria. Iniciar un amparo en la Ciudad de Buenos Aires cuesta un mínimo de tres millones y medio de pesos en honorarios de abogado.
La IA elimina el costo de reclamar, lo que podría llevar a un aumento masivo de reclamos. Si los gobiernos responden agregando fricciones específicas contra la IA, iniciarían una carrera contra sus propios ciudadanos.
Los funcionarios se quejan de la «basura» que genera la IA, como alucinaciones y jurisprudencia falsa. Sin embargo, a medida que la tecnología mejore, los reclamos serán más precisos.
The Economist propone tres posibles soluciones: crear menos derechos que sean territorio fértil para reclamos masivos, simplificar los sistemas de apelación, y rehacer el Estado con IA para procesar automáticamente decisiones como la planificación urbana o el diseño de intervenciones personalizadas en el Estado de bienestar.
La pregunta es si la IA que podría rehacer el Estado es la misma que ha mostrado que los sistemas actuales sobrevivían porque los ciudadanos se cansaban de reclamar, hasta que dejaron de hacerlo.