El gobierno provincial presentó tres programas: refinanciación de deudas con tasa tope, asistencia crediticia al comercio y una nueva ley de promoción industrial. Las medidas implican un costo fiscal superior a los $900.000 millones.
El gobierno de Córdoba, a través del gobernador Martín Llaryora y el ministro de Economía, Guillermo Acosta, estructuró un paquete de medidas contracíclicas destinadas a deudores, comercios e industrias. Las iniciativas fueron presentadas en los últimos días y se enmarcan en un contexto de recesión y caída del consumo.
Alivio Cordobés
La Legislatura provincial aprobó el proyecto de ley ‘Alivio Cordobés’, que busca asistir a más de 250.000 deudores. Según datos oficiales, en la provincia hay 3,8 millones de cuentas de personas físicas, de las cuales 738.000 están en mora.
Los beneficiarios deben ser residentes con al menos dos años de antigüedad, estar clasificados en Situación 2 o 3 en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al 31 de julio de 2026, y contar con ingresos familiares que no superen los 10 salarios mínimos (aproximadamente $3,7 millones).
La medida unifica deudas corrientes (tarjetas de crédito y préstamos personales) en una cuota a plazos de entre 24 y 48 meses. La tasa nominal anual (TNA) tendrá un tope del 35%, mientras que el promedio del mercado es del 70%. Para compensar a las entidades financieras, la provincia otorga una alícuota del 0% en Ingresos Brutos sobre los intereses de estas refinanciaciones.
Córdoba Impulsa
El programa ‘Córdoba Impulsa’, activado desde el 1 de septiembre, incluye dos líneas de acción. Por un lado, ‘Cuotazas’ ofrece 6 cuotas sin interés con la tarjeta Cordobesa en más de 400 supermercados y farmacias. Por otro lado, el Banco de Córdoba (Bancor) dispone una línea de $20.000 millones para capital de trabajo, con hasta $10 millones por comercio, a un plazo de hasta 36 meses y una tasa final del 33% TNA. La provincia subsidia 4 puntos de la tasa, que en el mercado se ubica entre 37% y 38%.
Nueva Ley de Promoción Industrial
En el Día de la Industria, Llaryora presentó el proyecto de Ley de Promoción Industrial Unificada, que reemplaza cuatro normas de la década de 1970. Para las PyMEs industriales, se amplía el Régimen Simplificado: el techo de facturación anual para acceder a la exención de Ingresos Brutos se eleva a $4.500 millones. Las empresas deben comprometerse a realizar una inversión en activos fijos equivalente o superior al 1,20% de su base imponible de IIBB del ejercicio anterior. El trámite contará con un mecanismo digital de aprobación provisoria automática.
Para inversiones mayores, el Régimen General ofrece exenciones impositivas de hasta 10 años (ampliables a 15 en parques industriales o zonas postergadas) sobre Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario, además de un subsidio estatal equivalente a un Salario Mínimo por cada nuevo empleo generado durante un año.
Un industrial con planta en el interior de Córdoba, que prefirió no ser identificado, declaró: “Nosotros nos quejábamos un poco internamente porque decíamos: ‘Che, la ley de promoción industrial anterior, las empresas no hacían el trámite como correspondía’. Y había empresas que pagaban Ingresos Brutos cuando no lo tenían que hacer. Justamente porque contablemente no todas las empresas están ahí metidas en cada tema para tratar de sacar el máximo rendimiento de las herramientas existentes”.
Agregó: “En esta ley de promoción actual podés ingresar por facturación: si facturás menos de $4.500 millones te toca la ley, la alícuota cero para la actividad industrial. Lo que tenés que hacer es cerrarla nueva todos los años, porque todos los años hay que ver si facturás el año anterior o si no entrás por un porcentaje, por el valor residual o por inversión”.
Según el empresario, “el resultado en esto es que seguramente todas las pymes que por ahí no están tan metidas en la cuestión administrativa van a poder acogerse a la ley de promoción industrial y no pagar la alícuota de Ingresos Brutos. Y las más chicas son las que más necesitan esto”.
Costo fiscal
El Plan de Reducción de Impuestos para el Presupuesto 2026 contempla un costo fiscal global superior a los $900.000 millones, que según estimaciones oficiales podría alcanzar el billón de pesos (unos USD 600 millones).
El ministro Acosta argumentó que la reducción impositiva incrementa la competitividad, genera empleo y estimula el consumo. El costo de ‘Alivio Cordobés’ y la tasa de ‘Córdoba Impulsa’ será absorbido en gran parte por los márgenes de Bancor. En el caso de la exención de Ingresos Brutos para industrias, la pérdida de recaudación se compensa con la obligación de reinvertir el 1,20% de los ingresos en activos fijos locales.