La legislatura de Florida aprobó una reforma legal que establece sanciones penales para quienes reciban ayuda no autorizada durante los exámenes de licencia de conducir comercial (CDL). La norma entró en vigor el 1 de julio de 2026.
Florida implementó nuevas regulaciones para el proceso de obtención de las licencias de conducir comerciales (CDL). La reforma legal CS/CS/CS/SB 290, aprobada por la legislatura estatal, establece sanciones para quienes reciban asistencia no autorizada durante las pruebas de manejo y teóricas.
La iniciativa fue respaldada por la Cámara de Representantes con 94 votos a favor y por el Senado estatal de forma unánime con 38 votos positivos. El gobernador Ron DeSantis dio su visto bueno y la normativa entró en vigor el 1 de julio de 2026.
La ley rige en todos los condados del estado y modifica las condiciones de expedición de las credenciales para operar camiones y autobuses. El objetivo declarado es reducir las colisiones viales mediante un control estricto sobre las capacidades de los aspirantes.
Conductas penalizadas
La legislación establece consecuencias penales para los aspirantes que reciban asistencia no autorizada durante el examen que evalúa la lectura y comprensión de señales de tránsito, así como en la sección teórica sobre leyes viales y normas de conducción bajo efectos de sustancias.
El infractor comete un delito menor de segundo grado, lo que conlleva penas de prisión y multas económicas conforme a los estatutos penales de Florida. También se sanciona a la persona externa que brinde ayuda no autorizada, quien es considerada autora del mismo delito.
Beneficio económico para el Servicio Forestal
La reforma incluye una disposición que autoriza al Servicio Forestal de Florida a asumir el costo de los exámenes iniciales y las renovaciones de licencias comerciales para su personal. Esta medida aplica a los empleados cuyos puestos requieran operar equipos que demanden dicha credencial.
La ley aclara que el departamento no está obligado a efectuar estos pagos, sino que lo hará según la disponibilidad de recursos y las determinaciones internas. Además, faculta al comisionado para reorganizar las unidades internas de la institución con fines administrativos.