La organización Nuevo Ambiente denunció nuevas quemas, desmonte y movimientos de suelo en la Isla Santiago, un área protegida por leyes provinciales. El municipio de Ensenada negó ser el autor de las tareas.
La organización Nuevo Ambiente informó la detección de nuevas quemas, tareas de desmonte y movimientos de suelo en la Isla Santiago, un sector del monte ribereño cercano al Río de la Plata. El hecho fue denunciado durante las últimas 48 horas, según el reporte de la agencia Noticias Argentinas.
La denuncia describe el uso de maquinaria pesada, remoción de terreno y posibles nuevas ocupaciones a pocos metros de un puesto de Prefectura Naval. La autoría de estos trabajos no fue determinada. No existe, hasta el momento, una resolución que adjudique al Municipio de Ensenada la ejecución de las tareas.
La Municipalidad de Ensenada negó estar realizando las intervenciones. En un comunicado, sostuvo que, si las tareas fueron ejecutadas por particulares, las denuncias deben dirigirse contra sus responsables. La respuesta del Ejecutivo municipal no elimina la discusión sobre su rol de fiscalización: la Ley provincial 12.756 asigna a los municipios de Ensenada y Berisso funciones concretas para la preservación del paisaje y la gestión conservacionista del área.
La Ley 12.756 declaró Paisaje Protegido de Interés Provincial al Monte Ribereño Isla Paulino–Isla Santiago. Su objetivo es conservar la integridad natural, geomorfológica, histórica y urbanística del sector. La norma establece que cualquier obra pública o privada que pueda alterar esas condiciones requiere una evaluación de impacto ambiental previa a la autorización definitiva municipal.
El área también está alcanzada por la Ley de Bosques Nativos 14.888. Las autoridades locales tienen competencias legales de preservación, mientras que la provincia debe colaborar cuando el asunto ingresa en su jurisdicción.
Esta nueva alerta se suma a antecedentes recientes sobre construcciones de viviendas y bungalows en un punto conocido como Los Ciruelos. En ese expediente, Nuevo Ambiente acudió a la justicia y obtuvo una resolución de primera instancia con restricciones sobre loteos, edificaciones, movimientos de suelo y deforestación. Según la organización, la propia comuna había indicado entonces que las construcciones cuestionadas carecían de permisos municipales.
La denuncia no prueba una usurpación ni permite afirmar que las quemas fueron ordenadas por funcionarios. El hecho verificable es la aparición de intervenciones denunciadas en una zona donde ya regían limitaciones legales y judiciales.
Nuevo Ambiente también señaló la ausencia de un plan de manejo integral para ordenar actividades, prevención de incendios, conservación de flora y fauna y tratamiento de líquidos cloacales. Ese planteo pertenece a la organización y no constituye una sentencia.