La jueza federal Mariel Borruto admitió la competencia del tribunal y la jurisdicción internacional de la justicia argentina en una demanda presentada por ambientalistas y veteranos de guerra contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development por el proyecto hidrocarburífero Sea Lion en las Islas Malvinas.
La Justicia Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, se declaró competente para intervenir en la acción preventiva por daño ambiental colectivo presentada contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development. La jueza federal Mariel Borruto admitió además la jurisdicción internacional de la justicia argentina en el caso.
La demanda fue presentada la semana pasada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), dos días antes de que el presidente Javier Milei anunciara sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos hidrocarburíferos en las Islas. Los demandantes solicitan la suspensión inmediata de las obras y de las operaciones financieras destinadas al proyecto Sea Lion, ubicado en la costa de las Islas Malvinas.
En su dictamen, la jueza Borruto adhirió al dictamen del Ministerio Público Fiscal y señaló que el emprendimiento “se emplaza en aguas del Atlántico Sur que por su dinámica oceanográfica, corrientes y conectividad ecosistémica, integran las ecorregiones Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur, de modo que la degradación denunciada recaería sobre recursos ambientales interjurisdiccionales”.
En cuanto a la infraestructura impugnada, el dictamen indica que “se instala materialmente sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental sometida a la jurisdicción marítima de la Nación”. Sostiene además que la controversia excede lo meramente técnico y que el nudo del debate se centra en la defensa de la soberanía nacional como bien colectivo indivisible, “que reviste la calidad de interés federal por antonomasia”.
El CECIM, mediante un comunicado, calificó el dictamen como “un paso de enorme relevancia porque reconoce la dimensión federal, ambiental y soberana del conflicto planteado”. Añadió que este reconocimiento resulta central para el CECIM y la AAdeAA, que concurren en esta acción “desde sus respectivas trayectorias institucionales para la defensa de bienes colectivos que aquí aparecen profundamente entrelazados”. “La soberanía aparece jurídicamente vinculada con la protección del territorio, sus bienes naturales y el derecho colectivo de nuestro pueblo a decidir sobre ellos”, señaló la organización.
La jueza dispuso otorgar intervención procesal a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a través de su Fiscalía de Estado, con el objetivo de resguardar sus intereses patrimoniales y ambientales, dado que el proyecto impugnado corresponde a territorio de la provincia según lo establece el artículo 1 de la Ley 23.775, que define que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos existentes”, al igual que las competencias ambientales.
Además, la magistrada difirió la resolución sobre las medidas cautelares solicitadas e intimó a los querellantes a presentar en un plazo de cinco días una declaración jurada sobre la inexistencia de otros juicios idénticos, así como las traducciones oficiales al idioma nacional y copias digitales de la documentación redactada en lengua extranjera.
En paralelo, la denuncia penal presentada por el Gobierno nacional contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte recayó en el juzgado federal 12, subrogado por el juez Julián Ercolini. Según fuentes judiciales, en las próximas horas se definirá si la causa queda en Comodoro Py o es enviada a Río Grande.