El Gobierno nacional avanza con una iniciativa para sancionar a empresas que realicen negocios vinculados a la explotación petrolera en las islas Malvinas, en un contexto de tensiones internacionales entre Estados Unidos, Israel y el Reino Unido. La medida, impulsada por el asesor Santiago Caputo, se apoya en el atractivo económico de Vaca Muerta como herramienta de presión.
El Gobierno de Javier Milei profundiza una estrategia de sanciones contra empresas que realicen negocios vinculados a la explotación petrolera en las islas Malvinas. La iniciativa, impulsada por el asesor Santiago Caputo, se apoya en el atractivo económico de Vaca Muerta como herramienta de presión para inhibir a las petroleras que operen con el gobierno de las islas.
La decisión se enmarca en un contexto internacional de divergencias entre Estados Unidos e Israel, por un lado, y el Reino Unido, Francia y Canadá, por otro, respecto de conflictos en Medio Oriente. En marzo pasado, el gobierno británico de Keir Starmer se negó a autorizar a Estados Unidos a utilizar la base militar de Diego García para atacar Irán. Un cable del Pentágono sugirió que Washington podría revisar su neutralidad en el diferendo por Malvinas.
El presidente Milei relativiza la estrategia de negociaciones multilaterales en el marco de las Naciones Unidas y se aproxima al curso de acción que priorizó el kirchnerismo: ejercer presión sobre la población de las islas mediante sanciones a potenciales inversores. La administración libertaria enviará al Congreso una ley que potencia una normativa impulsada en su momento por Pino Solanas y Cristina Kirchner, con antecedentes en un proyecto frustrado de Eduardo Menem.
La semana pasada, Trump repitió los términos de aquel cable del Pentágono. Milei, impulsado por Caputo, lanzó una iniciativa política que ocupa los principales esfuerzos de la administración. El Reino Unido, Francia y Canadá criticaron a Israel por la expansión de asentamientos en Cisjordania. El gobierno laborista de Andy Burnham propuso castigar a compañías que faciliten el establecimiento de israelíes en esa región. En respuesta, el ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir, pidió a Benjamin Netanyahu que sancione al Reino Unido por la anexión de Malvinas.
La defensa británica en el Parlamento apela al principio de autodeterminación de los pueblos, en contraste con la diplomacia argentina, que considera a los kelpers como una población implantada por una apropiación ilegal. La Argentina ha conseguido que el comité de descolonización de Naciones Unidas tenga competencia sobre el diferendo.
El Gobierno ya experimentó problemas con la implementación de sanciones. Una notificación dirigida a la empresa Bluewater, contratada por Navitas para proveer una planta flotante para el proyecto Sea Lion en Malvinas, fue demorada. Bluewater es la fabricante de las dos monoboyas para el oleoducto que sacará el petróleo de Vaca Muerta a través del puerto de Punta Colorada. Las autoridades esperaron a que esas boyas salieran de Dubai y fueran transportadas a la Argentina.
En junio de 2025, el consorcio que opera el oleoducto, al que pertenece YPF, contrató a Bluewater como proveedora de las monoboyas. Pero Bluewater ya tenía un contrato con Navitas, de Sea Lion, público en enero de ese año. La ley que prevé sanciones para casos de este tipo no se aplicó.
Anoche, el canciller Pablo Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, redactaron otra tanda de denuncias contra firmas que colaboraron con la explotación petrolera de Malvinas. El procurador Amerio está en contacto permanente con el ministro de Economía para evaluar el costo eventual de las denuncias.
El empresario Eduardo Elsztain, que compró acciones de Falkland Islands Holding desde 2005, publicó una nota explicando esa operación. En 2017, el gobierno británico lo bloqueó como accionista mayoritario por su origen argentino. Elsztain reivindica un enfoque de involucramiento con los kelpers a partir de los negocios, en línea con la posición de Carlos Menem y Guido Di Tella.
La puesta en escena no alivia al Gobierno en otros frentes, como la batalla parlamentaria por las moras financieras y el derrumbe de la construcción y la industria.