El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de San Isidro suspendió cautelarmente un protocolo municipal que incorporaba requisitos adicionales a los previstos por la Ley 27.610, tras una presentación de Amnistía Internacional. La resolución ordena al Municipio garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo conforme a la legislación vigente.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de San Isidro, a cargo de la jueza María Paula Vénere, suspendió cautelarmente el protocolo municipal de acceso al aborto y ordenó al Municipio garantizar la interrupción voluntaria y legal del embarazo conforme a la Ley 27.610. La decisión se produjo tras una presentación judicial de Amnistía Internacional, que había relevado durante 2024, 2025 y 2026 testimonios de mujeres y personas gestantes que enfrentaron obstáculos para acceder a la práctica.
Según la organización, el protocolo municipal incorporaba requisitos y condiciones adicionales a los previstos en la ley nacional. Entre ellos, establecía una consulta psicológica previa, multiplicaba las instancias para ratificar una decisión ya expresada, afectaba la confidencialidad, restringía el acceso a la interrupción legal del embarazo por causal salud y difería el inicio del cómputo de los diez días que la ley fija para garantizar la práctica. Además, concentraba la prestación en el Hospital Materno Infantil y excluía a los Centros de Atención Primaria de la Salud.
La jueza Vénere consideró que el mecanismo, aunque no prohibía explícitamente el aborto, dificultaba el acceso. En su resolución, sostuvo que la organización de los servicios de salud no es jurídicamente neutra y que las decisiones administrativas no pueden retardar u obstaculizar el acceso a la salud sexual y reproductiva. El fallo rechazó que sea necesario esperar a que una persona sufra una denegación para intervenir, al señalar que si la barrera surge del diseño del circuito, esperar a que el daño ocurra es llegar demasiado tarde.
La medida cautelar también pone fin a la disyuntiva que, según la presentación, enfrentaban los equipos de salud: cumplir reglas municipales y exponerse a sanciones legales por dilatar injustificadamente el acceso al aborto, o no cumplirlas y afrontar sumarios internos con amenaza de perder el trabajo. Con la suspensión, se restablece un marco de actuación claro: garantizar el acceso conforme a la Ley 27.610.
La decisión constituye la primera resolución judicial del país sobre los estándares de aplicación de la Ley 27.610. La norma, vigente desde 2020, establece condiciones, plazos y obligaciones concretas para la interrupción voluntaria y legal del embarazo.