El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, presentó un proyecto de ley para prohibir las actualizaciones automáticas de salarios docentes vinculadas exclusivamente a la inflación. La iniciativa se aplicaría desde 2027 y establece que los aumentos dependan de la disponibilidad de recursos y la situación financiera provincial.
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, impulsa un proyecto de ley para prohibir las actualizaciones automáticas de salarios docentes vinculadas exclusivamente a la inflación. La iniciativa, que comenzaría a regir en el ejercicio presupuestario 2027, dispone que los futuros aumentos dependan de la disponibilidad de recursos y de la situación financiera provincial.
El proyecto se presenta como un sistema para compatibilizar la «recuperación progresiva del poder adquisitivo» con la sostenibilidad de las cuentas públicas. Su articulado modifica el criterio de actualización: la variación de los precios sería uno de los indicadores a evaluar, sin activar por sí misma una recomposición salarial como ocurría hasta junio del año pasado.
Qué propone Zdero para los salarios docentes
El núcleo de la iniciativa aparece en el artículo 7, titulado «Prohibición de indexación automática». Allí se establece que las actualizaciones «no constituirán mecanismos automáticos de indexación salarial ni generarán incrementos automáticos vinculados exclusivamente a índices inflacionarios».
En su lugar, el Ministerio de Hacienda deberá evaluar periódicamente la coparticipación federal, la recaudación provincial, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el peso de los salarios sobre el presupuesto. A partir de ese análisis, el Ejecutivo podrá disponer aumentos, siempre que cuente con financiamiento y crédito presupuestario suficiente.
La redacción no establece una frecuencia concreta para esas evaluaciones ni una fórmula que determine cuánto deben aumentar los haberes. Tampoco fija un porcentaje mínimo de recomposición. Así, el proyecto no garantiza que los salarios acompañen la inflación en cada período, aunque incluye entre sus principios la protección progresiva de las remuneraciones.
Otro de los artículos dispone que la partida presupuestaria destinada al personal docente se formule según las proyecciones y los lineamientos macroeconómicos nacionales. Esa referencia corresponde a la planificación del gasto: no representa un aumento individual garantizado para cada trabajador.
El argumento fiscal del Gobierno chaqueño
En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que la provincia tiene escaso margen para asumir nuevos compromisos permanentes. Según las proyecciones presupuestarias de 2026 que cita el documento, el 79,5% de los ingresos provinciales depende de recursos de origen nacional, mientras que el gasto en personal representa el 52,8% de las erogaciones totales.
La gestión de Zdero utiliza esas cifras para argumentar que las decisiones salariales deben considerar tanto la evolución de los precios como los ingresos efectivamente disponibles. También menciona una pauta aproximada del 10% para el gasto en personal del Presupuesto 2026, que presenta como una previsión presupuestaria y no como una actualización automática por inflación.
Ese planteo prolonga la posición que el Gobierno había expuesto en julio de 2025, cuando confirmó que no abonaría la cláusula gatillo durante el segundo semestre. En aquel momento, el subsecretario de Coordinación Económica (hoy diputado nacional), Guillermo Agüero, alegó restricciones fiscales. Desde ATECH, Rosa Petrovich cuestionó la decisión por considerar que incumplía los acuerdos salariales.
Un proyecto atravesado por el conflicto judicial
La discusión también llegó a la Justicia. El Ejecutivo invoca en sus fundamentos la sentencia 70/26 del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, al sostener que corresponde a los poderes políticos definir los mecanismos de actualización salarial según las posibilidades financieras de la provincia.
Pero el alcance de esa resolución incluye otro elemento central: el tribunal dejó sin efecto la modalidad de restitución directa ordenada por la Cámara Laboral, mientras mantuvo la exigencia de adoptar medidas normativas y presupuestarias para garantizar la integridad del salario docente. Posteriormente, en mayo, la Cámara intimó al gobernador a remitir un proyecto a la Legislatura.
La propuesta de Zdero lleva ahora esa disputa al terreno legislativo: busca que la prohibición de los ajustes automáticos quede incorporada a una ley y que las futuras recomposiciones se definan mediante evaluaciones fiscales del Ejecutivo. Su aplicación está prevista desde 2027 y el texto no contempla un mecanismo de pago de las actualizaciones reclamadas por períodos anteriores.