Mediante el Decreto 1107/2026, el Poder Ejecutivo autorizó a Enarsa a vender su participación en las centrales Manuel Belgrano y José de San Martín. La central Guillermo Brown se licitará cuando venza su fideicomiso el 30 de septiembre.
El Gobierno nacional oficializó este martes la venta de tres centrales termoeléctricas de propiedad estatal, con una recaudación proyectada superior a los US$ 800 millones. La medida fue dispuesta mediante el Decreto 1107/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La normativa autoriza a la empresa estatal Enarsa a desprenderse del 65,01% de sus acciones en la Termoeléctrica Manuel Belgrano, ubicada en la ciudad bonaerense de Campana, y del 68,83% de la Termoeléctrica José de San Martín, en Timbúes, provincia de Santa Fe. Ambas centrales, de tecnología ciclo combinado, cubren en conjunto cerca del 10% de la demanda eléctrica del país.
El origen de la participación estatal se remonta a 2004, cuando el Estado nacional creó el fondo Foninvemem para canalizar acreencias del mercado mayorista hacia la construcción de plantas de generación. A través de ese mecanismo, las empresas acreedoras del sector energético se convirtieron en socios minoritarios de las nuevas usinas, mientras que el Estado retuvo el control mayoritario. Los fideicomisos que administraban las centrales de Campana y Timbúes vencieron el 1° de junio pasado, lo que habilitó legalmente el proceso de venta.
La tercera central incluida en el plan es la Guillermo Brown. Su fideicomiso vence el 30 de septiembre, por lo que Enarsa deberá primero adquirir formalmente al menos el 70% de las acciones antes de licitar su venta a través de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Según lo informado, esta operación constituye el segundo paso del Gobierno para retirarse del sector energético. La primera fue la venta de su participación en Transener, que reportó US$ 356 millones, y las concesiones de las hidroeléctricas del Comahue, que generaron US$ 707 millones.
Socios con derecho de preferencia y cláusula geopolítica
El proceso de venta enfrenta condiciones específicas. Las plantas ya cuentan con socios privados minoritarios, entre ellos Pampa Energía, Central Puerto y AES, que poseen un derecho de preferencia establecido en el estatuto. Este mecanismo les permite igualar o mejorar cualquier oferta externa para adquirir el control, lo que limita el incentivo para competidores externos.
Además, los pliegos definitivos aún deben definir si se incluye una cláusula que excluya a empresas extranjeras de capital estatal, similar a la aplicada en otras licitaciones del sector. Esta condición ya marginó a compañías como PowerChina en obras de alta tensión.
Los interesados también deberán afrontar la dificultad de calcular el valor real de las centrales, considerando los recientes cambios en las reglas de pago del mercado eléctrico.
El decreto no incluye un programa de propiedad participada para los empleados de las usinas, a diferencia de las privatizaciones de la década de 1990.