El plenario de comisiones que trató el proyecto anunciado como prioritario por el Ejecutivo concluyó con cruces entre legisladores de Unión por la Patria y La Libertad Avanza. La reunión duró más de cinco horas y la transmisión oficial fue levantada.
El primer debate del proyecto de «Defensa de Soberanía Nacional», presentado por cadena nacional por el presidente Javier Milei, finalizó con interrupciones y la suspensión de la transmisión oficial. La reunión del plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal se extendió por más de cinco horas y concluyó sin despacho.
El inicio de la reunión tuvo cruces entre Agustina Propato (Unión por la Patria) y Carlos Zapata (La Libertad Avanza) por los cortes de micrófono. Durante las intervenciones, se registraron interrupciones que derivaron en un enfrentamiento cuando Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) le susurraba a Myriam Bregman (Frente de Izquierda) durante su alocución. Esto provocó quejas y un exabrupto de Juan Grabois (Unión por la Patria), quien fue a confrontar con Guzmán. En ese contexto, Javier Andrade (Unión por la Patria) tuvo un conflicto con un personal de guardia, a quien señaló de haberlo amenazado. Luego hubo un cruce entre Federico Pelli (La Libertad Avanza) y Agustín Rossi (Unión por la Patria) por la gestión del Ministerio de Defensa.
El plenario fue levantado cuando Grabois insultó a Juliana Santillán (La Libertad Avanza) cuando lo interrumpía y calificó de «facho de mierda» a Zapata cuando le cortó el micrófono. La transmisión oficial también fue suspendida.
Entre las disidencias, se planteó el reclamo de que asistan a dar explicaciones el ministro Carlos Presti y el canciller Pablo Quirno, establecer motivos fundados para considerar a una persona como terrorista y mencionar a la ONU como organismo a donde continuar llevando las instancias de reclamo. Jorge Taiana (Unión por la Patria) sostuvo que unir las áreas de Defensa, de Seguridad Interior y de Inteligencia «es el viejo objetivo que tiene parte del establishment y la visión estratégica de los EEUU para la Argentina».
El Gobierno envió tres expositores, entre los que se destacó Paula Taddei, funcionaria de la secretaría Legal y Técnica, quien afirmó que incluir inhibiciones y prisión a los acusados de «manipular la opinión pública» no representa «censura porque la norma no impide publicaciones ni exige una autorización para que se pueda expresar». Asimismo, defendió que la ley pretende «dotar de herramientas multimodales, modernas e integrales para poder dar respuestas estratégicas».
El proyecto de «Defensa de Soberanía Nacional» propone:
- Multas económicas severas sujetas al precio del barril del petróleo, inhabilitaciones de 5 a 20 años y penas de prisión de hasta 20 años para quienes exploren o exploten hidrocarburos y recursos naturales sin autorización argentina en el territorio soberano.
- Condenas de hasta 12 años de prisión para personas a las que se vinculen con organizaciones o Estados extranjeros y procuren «alterar procesos electorales», promuevan «actos de violencia» o «manipulen la opinión pública».
- Creación del Consejo de Seguridad Nacional con una estructura permanente con funciones judiciales y legislativas encabezada por el Presidente.
- Reglamentación legal del vigente Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su financiamiento (RePET), que puede incluir personas cuando existan «motivos razonables para sospechar», con la UIF como órgano rector.
El Ejecutivo busca llevar el proyecto a sesión el 21 de octubre, aunque crecen las voces que piden desdoblar su redacción: los primeros 41 artículos, referidos a las islas, por un lado, y los restantes 92, que remiten a la seguridad nacional, por otro.