El anuncio se produjo el viernes pasado, tras el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras. El programa ofrece la ciudadanía a cambio de una inversión, con promociones para grupos familiares. La medida se basa en el DNU 366/25, que modificó la Ley de Nacionalidad de 1869.
El viernes pasado, el Gobierno anunció el lanzamiento de un programa de venta de ciudadanía argentina por 350.000 dólares, con promociones para el grupo familiar. El anuncio se produjo mientras aún repercutía el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras.
Una búsqueda en Google de «buy Argentina passport» muestra resultados patrocinados de estudios jurídicos extranjeros que promocionan el nuevo producto con imágenes de las Cataratas del Iguazú. Más abajo, un sitio oficial promociona los «beneficios de la ciudadanía argentina».
El multimillonario argentino-español Martín Varsavsky se refirió al tema: «El pasaporte no es un derecho universal. Es un activo. Argentina acaba de ponerle precio».
El filósofo Michael Sandel ha estudiado los efectos de mercantilizar bienes que estaban fuera del mercado. Señala que esto multiplica el efecto de la desigualdad económica y transforma la naturaleza de esos bienes. La pertenencia a una comunidad es uno de ellos. La ciudadanía se obtiene por nacimiento, residencia o vínculos familiares, y la Constitución exige defender al país. La venta de ciudadanía plantea si quienes la compran sin conexión alguna serían considerados compatriotas.
Argentina no es el primer país en implementar este tipo de transacción, pero sería el más grande. Otros países que lo han hecho son microestados del Caribe o el Pacífico como Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Vanuatu y Nauru. El Salvador también lo implementó recientemente con pago en criptomonedas. Chipre terminó su programa en medio de escándalos de corrupción.
Los países más grandes han reaccionado en contra. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró inválido el programa de Malta, argumentando que la ciudadanía debe implicar «solidaridad y lealtad». La Unión Europea retiró la exención de visa a Vanuatu y el Reino Unido y Canadá hicieron lo mismo con varios países del Caribe. Desde 2025, un reglamento europeo permite hacerlo con cualquier país que venda su ciudadanía, y Bruselas pidió a los caribeños cerrar sus programas antes de 2028.
El DNU 366/25 modificó la Ley de Nacionalidad de 1869. Hasta entonces, había varios modos de obtener la nacionalidad: vivir dos años en el país, tener hijos argentinos, practicar la docencia, establecer industrias, servir en las fuerzas armadas o expandir la frontera. Con el DNU, el Gobierno eliminó casi todos estos modos y los reemplazó por uno solo: «haber realizado una inversión relevante en el país». Con el anuncio del viernes, ya no se requiere una inversión, sino una compra. El único modo de naturalización que no pudo eliminar es el de residir dos años en el país, porque está en la Constitución, aunque lo volvió difícil de cumplir al exigir que sean ininterrumpidos.
El Congreso no habría aprobado este proyecto si se le hubiera consultado, según se desprende de lo ocurrido con la Ley de Tierras. Por eso el Gobierno dictó un DNU que no menciona la venta de pasaportes y habla de «inversiones relevantes». El DNU intentó evitar el control de la Justicia al quitarle el proceso de nacionalización y dárselo al Ejecutivo.
La Justicia ha declarado inconstitucional el decreto varias veces, por considerar que no existía necesidad y urgencia para dictarlo, o porque, dado que los argentinos naturalizados pueden votar, el DNU trata materia electoral, lo que está prohibido por la Constitución. El Gobierno no se detuvo. La Corte Suprema tiene esas causas a estudio. Tras el episodio de la Ley de Tierras, el tribunal podría definir la concepción de ciudadanía de la Constitución y obligar al Gobierno a abortar el proyecto.
El autor es Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Torcuato di Tella y de Derechos Fundamentales en la Universidad de San Andrés.