El régimen de incentivos acumula 47 proyectos inscriptos por US$208.700 millones, de los cuales 23 fueron aprobados por US$49.700 millones. La distribución sectorial concentra el 64,6% en energía y el 34,8% en minería. Especialistas plantean que la magnitud de la renta petrolera y minera exige definir mecanismos de apropiación, reparto y uso para evitar efectos distorsivos.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) acumula 47 proyectos inscriptos que totalizan cerca de US$208.700 millones, de los cuales 23 ya fueron aprobados, representando unos US$49.700 millones. La distribución por sectores de los proyectos presentados indica que la energía concentra el 64,6% del monto total de las inversiones (gas, petróleo y eléctrica), mientras el rubro de minería (cobre, litio, oro y plata) representa el 34,8% del capital comprometido, pero lidera en la cantidad de proyectos individuales presentados, con 12 aprobados. El plazo de adhesión al régimen fue prorrogado hasta el 8 de julio de 2027.
De acuerdo con el texto, la cuenta de inversiones a concretarse en años sucesivos suma valor agregado, pero oculta procesos de compra y procura intermedios que pueden llegar a duplicar el valor bruto de producción (VBP). Los 200 generan 400 de valor bruto.
Las objeciones al régimen, según el artículo, empiezan destacando el bajo porcentaje de aprobación de proyectos presentados hasta la fecha y subrayan el bajo porcentaje de desembolsos efectivos en los proyectos aprobados, que asocian a la desconfianza en el futuro político y a las amenazas opositoras para disuadir nuevas adhesiones aludiendo a cambios de reglas o eventuales expropiaciones. También menciona «fuego amigo» cuando se descalifica el RIGI como una parodia de política industrial selectiva que beneficia a algunos grandes inversores o cuando se busca criminalizar un potencial daño ambiental derivado de las actividades (ecocidio) ignorando el prontuario de inseguridad jurídica, expropiaciones y reiterancia en defaults con regímenes de emergencia que arrastra el país.
El texto señala que ya se ha respondido que, en un país normal, las condiciones generales que ofrece el RIGI deberían alcanzar a todos los sectores productivos y, en todo caso, el régimen especial para nuevas inversiones lo daría el super-RIGI orientado a las «nuevas industrias del futuro» que agregan valor. La consolidación del cambio y el tránsito a la normalidad desvirtuarán muchos malos presagios, pero la magnitud del desarrollo intensivo de la energía y la minería obliga a pensar desde ahora en cómo administrar esta riqueza. Es la discusión relevante de cara al futuro. Porque el riesgo sería creer que Vaca Muerta, Vicuña y compañía resolverán automáticamente los problemas argentinos simplemente porque generarán muchos dólares.
El artículo sostiene que no hay garantía de que una enorme renta energética y minera produzca desarrollo. Peor, puede ocurrir exactamente lo contrario si los dólares adicionales alimentan una expansión permanente del gasto público, una apreciación excesiva del tipo de cambio, endeudamiento basado en expectativas o una lucha política por apropiarse de la renta. El problema no es la abundancia de recursos naturales, sino la incapacidad para administrar la renta que generan. Noruega se volvió rica por tener petróleo; Australia no sufrió un colapso por su riqueza minera; Chile convirtió parte de su renta del cobre en un instrumento de estabilidad. La diferencia está en las instituciones, las reglas fiscales y la capacidad de transformar una riqueza agotable en capital permanente.
Ante la pregunta ¿extractivismo o desarrollo productivo?, ¿maldición o bendición de los recursos naturales?, el texto cita a Acemoglu y Robinson, quienes, siguiendo la argumentación del clásico ¿Por qué fracasan los países?, contestarían que depende de las instituciones. Y haciendo foco en las características dominantes del negocio petrolero y minero, destaca: en especial de las instituciones que rigen la apropiación, el reparto y la aplicación o el uso de la renta petrolera y minera.
En el libro La renta del petróleo en la Argentina, según el artículo, se aborda la explotación petrolera como un negocio de apropiación y reparto de renta de un recurso natural (el mismo razonamiento vale para el negocio del gas y de la minería). Renta es precio menos costo (costo marginal que se aproxima por costos medios). Los mecanismos que definen la renta, su estabilidad y el uso que hace el Estado en sus distintos niveles de la renta que recibe (government take) son claves en el destino productivo o extractivo de la explotación. En primer lugar, empresas y gobiernos deben converger en un objetivo productivo común: maximizar la renta del petróleo, del gas o del cobre (para ejemplificar con un mineral). La mayor renta apropiable beneficia el reparto para el Estado (titular del dominio originario) y para las empresas (que ejercen el dominio útil). Para maximizar renta en estos bienes transables en el mercado internacional primero hay que tener precios internos alineados con los precios internacionales. Todo divorcio entre los precios domésticos y las referencias internacionales (como la imposición de retenciones a la exportación o, según la ocasión, precios sostén) afecta la renta apropiable, genera desconfianza en los productores y disuade la entrada de nuevos inversores. Así como en el agro, en petróleo y minería también hay que eliminar las retenciones a las exportaciones. En hidrocarburos y minería somos tomadores de precios internacionales, pero los costos (la otra variable que define la renta) dependen de nosotros. Hay costos que impone la geología en función de la productividad del yacimiento y para bajarlos hay que seguir las mejores prácticas, imitar e innovar. Pero hay otros costos que dependen del riesgo país (tasa de descuento de los proyectos de inversión, costo del financiamiento), de los impuestos y gravámenes en las distintas jurisdicciones, de la infraestructura logística y de los bienes y servicios asociados a la explotación. Si suben los costos, hay menos renta para apropiar y repartir, y menos renta para reinvertir o aplicar a otros proyectos. La explotación intensiva favorece la abundancia de recursos y permite reducir los precios domésticos para habilitar procesos industriales de valor agregado. Pero la ventaja comparada queda trunca cuando suben los costos porque se encarece el financiamiento, porque se imponen nuevos gravámenes o se establecen restricciones a la competencia como los «compre o contrataciones locales» que encarecen insumos y servicios. Menos renta, menos riqueza, menos regalías, menos impuestos, menos nivel de actividad y menos empleo. Un círculo de achicamiento que deben evitar pymes locales cuando presionan por protección, en cambio de usar su ventaja de localización para atraer nuevos socios argentinos o extranjeros con financiamiento y nueva tecnología a un negocio más grande.
El otro gran desafío es qué hacer con la renta que se apropian gobierno y empresas. Mucha renta que se apropian las empresas se reinvertirá en el mismo o en nuevos negocios en el país si se respetan las reglas de apropiación y reparto y la institucionalidad augura seguridad jurídica y largo plazo. Si no, van a reinvertir en otras geologías. Es renta privada, de actores internacionales que deben percibir un cambio que llegó para quedarse. Lo que hacen los gobiernos con la apropiación de renta de los recursos naturales (regalías, cánones, impuestos) es la otra cara del destino productivo del recurso natural y de la correspondiente licencia social. Si esa renta se dilapida en gasto corriente, el país habrá vendido una parte de su patrimonio natural a cambio de consumo presente. Si se transforma, en cambio, en infraestructura, educación, tecnología, ahorro externo formal –fondo contracíclico o soberano– y nuevas capacidades productivas, el recurso agotable puede convertirse en riqueza permanente.
Vaca Muerta, Vicuña y la riqueza petrolera y minera que representan son una oportunidad geológica que atrae inversiones. El desafío económico consiste en convertir esa oportunidad en una acumulación de capital que los sobreviva. Porque el verdadero éxito no será exportar petróleo, gas y minerales durante algunas décadas. Será conseguir que, cuando una parte significativa de esos recursos haya sido extraída, la Argentina sea un país más rico, más productivo, más competitivo y menos dependiente de sus recursos naturales que cuando comenzó el boom.