El juez federal de Lomas de Zamora Juan Rodríguez Ponte dispuso que el financista Ariel Vallejo ponga a disposición de la justicia 24 vehículos embargados en las causas por asociación ilícita y lavado de dinero. La medida también le prohíbe realizar actividades financieras.
El juez federal de Lomas de Zamora Juan Rodríguez Ponte ordenó este lunes a Ariel Vallejo, financista vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, que en un plazo de tres días entregue a la justicia 24 vehículos registrados a su nombre que se encuentran embargados en las causas en las que está acusado de asociación ilícita y lavado de dinero por el presunto manejo irregular de su empresa Sur Finanzas.
Entre los vehículos que deberá poner a disposición se encuentran una Ferrari modelo California Descapotable, un Alfa Romeo Stelvio Veloce, un BMW 320I, tres Audi, dos camiones Mercedes Benz Atego, dos motocicletas Honda, una Yamaha, dos camionetas Toyota SW4, una camioneta Jeep, un camión Mercedes Benz Accelo, un Mercedes-Benz GLC 300 Coupé AMG-Line, un Citroen C3, dos Volkswagen Vento y tres autos Peugeot.
Parte de esos vehículos estaban bajo la custodia de Vallejo como depositario judicial, lo que le permitía usarlos, con la única restricción de no venderlos. De hecho, cuando se presentó a su indagatoria en la causa, Vallejo llegó al juzgado en una camioneta Toyota SW4 que ahora deberá entregar.
Los vehículos quedarán a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ser utilizados por organismos del Poder Judicial o fuerzas de seguridad. La medida forma parte de un eventual decomiso de bienes en caso de que Vallejo sea condenado.
Sur Finanzas, empresa de Vallejo, fue sponsor de clubes de primera división y del ascenso, y dio nombre a la copa de la liga profesional durante algunos años. En una entrevista de 2023, Vallejo declaró: «Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación».
La empresa está bajo investigación por presunto lavado de dinero en un entramado que involucra a clubes de fútbol. A pedido de la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona, fueron allanados Sur Finanzas, la AFA y una veintena de clubes con los que la firma firmó contratos de sponsor y préstamos.
Vallejo tiene dos causas: una por el manejo de Sur Finanzas y otra por sus negocios con el club Banfield. En 2023, Sur Finanzas firmó dos mutuos por un total de un millón de dólares con Banfield, que para la justicia constituyó una maniobra para lavar dinero porque el dinero se entregó en efectivo.
Hace un mes y medio, la causa cambió de juez. Rodríguez Ponte asumió como titular del juzgado y este lunes ordenó 40 medidas de prueba, entre ellas la entrega de los vehículos.
La Corte Suprema, a través de su Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura, reveló su base de datos de bienes secuestrados en causas penales y consultó al juez si dos vehículos de Vallejo podían ser entregados y si había otros vehículos secuestrados en la causa. El planteo se enmarca en una acordada del máximo tribunal del año pasado que estableció pautas para el secuestro de bienes y su uso por parte de organismos del Poder Judicial y fuerzas federales.
El juez ordenó a Vallejo que en tres días ponga a disposición los vehículos «a los fines de garantizar la preservación de los bienes registrables de posible origen delictivo, su indisponibilidad por parte de quienes eventualmente pudieran ser individualizados como autores de las maniobras aquí pesquisadas y su eventual decomiso».
Además, Rodríguez Ponte prohibió a Vallejo «preste, por sí o por interpósita persona, servicios de índole financiera de cualquier naturaleza». La prohibición alcanza su inscripción, constitución, integración o participación, bajo cualquier forma o carácter (socio, accionista, director, administrador, apoderado o empleado jerárquico), en proveedores de servicios de pago (PSP) o en cualquier otra entidad que preste servicios financieros, mientras dure la medida.
El magistrado explicó que sobre Vallejo ya pesaba el bloqueo de sus cuentas y las de sus empresas, pero esas medidas «resultarían insuficientes a los efectos de neutralizar el riesgo de que el nombrado vuelva a armar o utilizar estructuras de tecnología financiera (fintech, billeteras digitales o exchanges cripto) realizando conductas como las aquí investigadas».
La prohibición «no afecta otras actividades lícitas de Maximiliano Ariel Vallejo, ni su libertad ambulatoria ni el ejercicio de otras profesiones u oficios», aclaró Rodríguez Ponte.