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El ministro de Economía presentó el Programa de Ciudadanía por Inversión, que permite obtener la carta de ciudadanía por naturalización mediante un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional de US$350.000 o la suscripción de un título público de US$800.000, sin plazo de residencia. El DNU 366/2025 que creó el régimen fue declarado nulo por la Cámara Nacional Electoral en el caso ‘Yang, Liping’ (2026) respecto de la supresión de la competencia judicial. El artículo 20 de la Constitución argentina establece dos años de residencia continua como requisito general, y el artículo 75.12 atribuye al Poder Legislativo la potestad de legislar sobre naturalización y nacionalidad.
El ministro de Economía anunció la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión, que establece dos mecanismos para obtener la carta de ciudadanía por naturalización: realizar un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional por US$350.000 o suscribir un título público de US$800.000 creado específicamente para este Programa. También ofrece un «combo familiar»: un grupo integrado por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podrá solicitar la ciudadanía por US$500.000.
El régimen fue establecido mediante el DNU 366/2025, que sustituyó varios artículos de la ley 346 y dispuso que las personas extranjeras que acrediten «haber realizado una inversión relevante en el país» puedan obtener la ciudadanía por naturalización sin importar el plazo de residencia, cuando el resto de las personas extranjeras debe cumplir con dos años de residencia permanente. La carta de ciudadanía sería otorgada por la Dirección Nacional de Migraciones, organismo descentralizado en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de un acto administrativo, desplazando la intervención judicial que caracterizó históricamente al procedimiento de naturalización.
El artículo 20 de la Constitución argentina establece que las personas extranjeras, para obtener la ciudadanía, deben residir dos años de forma continua en el territorio nacional, salvo que dicho plazo se acorte cuando quien la solicite alegue y pruebe ciertos servicios prestados a la República Argentina. En 1869 se sancionó la ley de ciudadanía (ley 346), que estableció como requisito de acceso a la ciudadanía, además de los dos años de residencia, la acreditación de alguno de los servicios allí previstos, entre los que se encontraban haber desempeñado con honradez algún empleo para la Nación o las provincias, establecido en el país una nueva industria, introducido una invención útil o ejercido el profesorado en el campo de la educación o la industria. La norma también dispuso que la petición de ciudadanía debía tramitarse ante el juez federal competente con el contralor del Ministerio Público Fiscal.
De los considerandos del DNU 366/2025 no surge, según el texto, ningún argumento que justifique la existencia de una objetiva situación excepcional que haya impedido seguir con los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes, tal como lo exige el artículo 99.3 de la Constitución argentina. La potestad de legislar sobre naturalización y nacionalidad está expresamente atribuida al Poder Legislativo en el artículo 75.12 de la Constitución argentina.
En el caso «Yang, Liping» (2026), la Cámara Nacional Electoral resolvió declarar nulo el DNU 366/2025 respecto de la supresión de la competencia judicial en la concesión de la ciudadanía por naturalización. Entre sus argumentos, el tribunal sostuvo que las consideraciones expuestas por el Poder Ejecutivo Nacional «expresan razones de oportunidad, mérito o conveniencia que incumben a la decisión del Poder Legislativo, pues no alcanzan para poner en evidencia que el dictado del decreto en cuestión haya obedecido a la necesidad de adoptar medidas inmediatas para paliar una situación de rigurosa excepcionalidad y urgencia que pusiera en riesgo el normal funcionamiento del régimen de naturalización, sino que, por el contrario, traducen la decisión de modificarlo de manera permanente, sin recorrer el cauce ordinario que la Constitución prevé».
El texto señala que, como solo se puede cuestionar judicialmente a un DNU respecto de los derechos subjetivos que este afecta, por más que en una causa se compruebe que un DNU es nulo de nulidad absoluta, continúa vigente para el resto de la sociedad, aunque la nulidad constitucional establecida por los convencionales constituyentes de 1994 tenga efectos derogatorios generales y retroactivos.
El autor es doctor en Derecho (UBA) y profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos (UBA y UNLPam).