Alexander Vallejos, de 26 años, fue detenido en Orlando en febrero de 2025 y permaneció bajo custodia migratoria hasta abril. Tras recuperar la libertad, perdió su empleo y la beca que financiaba su carrera. Una campaña en GoFundMe le permitió reunir más de US$12.000 para retomar sus estudios.
Alexander Vallejos, un argentino de 26 años beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Orlando, Florida, en febrero de 2025. Permaneció bajo custodia hasta abril de ese año, según informó WLRN.
Nacido en Argentina, Vallejos llegó a Estados Unidos con su familia cuando tenía un año y creció en el condado de Palm Beach, Florida. Cursaba Ciencias de la Computación en la Universidad de Florida Central (UCF), donde alcanzó un promedio académico de 4.0, participó en actividades de liderazgo y realizó pasantías vinculadas con tecnología e inteligencia artificial.
La detención se produjo durante un control de tránsito. Los cargos policiales relacionados con el episodio fueron desestimados, pero el ICE mantuvo una orden de retención migratoria que impidió su liberación inmediata. Fue trasladado por distintas instalaciones, entre ellas el centro de detención de Krome, en Miami-Dade, otro establecimiento en el condado de Broward y una instalación en Arizona.
Durante ese período, Vallejos relató condiciones de hacinamiento, dificultades para acceder a alimentos y restricciones para comunicarse con sus familiares. Según su testimonio, compartió un espacio reducido con entre 40 y 50 personas que debían utilizar un único inodoro. También afirmó que perdió alrededor de 30 libras (13 kilos) de peso durante la detención.
Tras recuperar la libertad, enfrentó secuelas psicológicas y debió utilizar temporalmente un dispositivo de monitoreo en el tobillo. “Ahora vivo con miedo. No me siento como una persona. La tortura no termina cuando sales”, dijo Vallejos a WLRN.
Al salir del centro de detención y reunirse con sus padres en West Palm Beach, Vallejos buscó retomar sus estudios. Las consecuencias de su arresto afectaron sus ingresos y su situación académica: fue dado de baja de las cuatro materias que cursaba, perdió su empleo y dejó de recibir la beca de TheDream.US, que contribuía a financiar su educación.
“Recuerdo que el primer día en casa de mis padres lo primero que hice fue preguntarle a mi hermano: ‘¿Dónde está tu computadora portátil? Necesito averiguar cómo voy a terminar mis estudios, necesito saber qué está pasando, necesito saber cuál es mi plan de acción’”, relató Vallejos.
A esas dificultades se sumó la pérdida del beneficio de matrícula estatal para estudiantes residentes de Florida. El costo de cada asignatura pasó a rondar los 3000 dólares, mientras que las materias que superaban el límite de 120 créditos podían alcanzar los US$5000 cada una.
Ante la imposibilidad de pagar las materias restantes, su hermano Néstor impulsó una campaña de recaudación en GoFundMe. La iniciativa reunió más de US$12.000 mediante aproximadamente 115 donaciones, por encima de la meta inicial de US$10.000. Ese dinero le permitió reorganizar su cursada, aunque tuvo que distribuir las asignaturas entre distintos semestres para afrontar los costos.
“Cuando pienso en un dreamer, pienso en alguien que creció en este país, en este estado, y lo considera su hogar”, dijo Vallejos a WLRN.
El caso de Vallejos se desarrolla en un contexto de cambios en las políticas educativas del estado. La Junta de Gobernadores de Florida aprobó una medida que, según la información retomada por WLRN, impedirá que estudiantes indocumentados ingresen a las universidades públicas a partir del ciclo académico 2027-2028.
La restricción abrió una discusión sobre el acceso a la educación superior y las consecuencias que podría tener para los estudiantes, las instituciones y el mercado laboral. Legisladores y organizaciones defensoras de los inmigrantes cuestionan sus efectos sobre la formación profesional y la economía regional. Desde el gobierno estatal, en cambio, se sostiene que los recursos públicos deben priorizar a quienes cuentan con estatus migratorio legal.
“Los contribuyentes de Florida no deberían esperar subsidiar oportunidades para personas que violaron nuestras leyes para venir aquí”, dijo el vicegobernador Jay Collins en su cuenta de X.
De acuerdo con Higher Ed Immigration Portal, alrededor de 510.000 estudiantes indocumentados están matriculados en instituciones de educación superior de Estados Unidos. Esa población representa aproximadamente el 2,4% del total de estudiantes universitarios del país y Florida concentra entre 49.000 y 60.000 de ellos.