Vecinos de cuatro sectores de San Miguel de Tucumán presentaron un amparo contra la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) por falta de suministro y desbordes cloacales. La presentación contó con el acompañamiento de los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos.
Vecinos de cuatro sectores de San Miguel de Tucumán presentaron un amparo contra la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) por falta de suministro y desbordes cloacales, en un reclamo que alcanzó a la administración provincial de Osvaldo Jaldo.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la presentación se realizó el 14 de octubre con acompañamiento de los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos. Comprende a Cerro de las Rosas, Villa 9 de Julio, Ampliación Kennedy y el pasaje Bordabehere.
Canelada confirmó públicamente la acción y sostuvo que la falta de respuestas obligó a los vecinos a acudir a los tribunales. Cuestionó las prioridades del Gobierno provincial y contrapuso las negociaciones electorales con las dificultades para acceder a un servicio esencial.
Los damnificados describieron problemas diferentes: falta de agua en las canillas, pérdidas permanentes y líquidos cloacales sobre calles y veredas. Afirmaron haber recurrido a la empresa y a organismos de control sin conseguir soluciones suficientes.
La vía administrativa está identificada en el propio sistema provincial. El ERSEPT dispone de un formulario que exige el número de cuenta y del reclamo realizado ante la prestataria, además de documentación del usuario y la factura del servicio.
Ese procedimiento permite registrar controversias por calidad de la prestación, daños y facturación. La existencia del canal no acredita que cada reclamo particular haya sido resuelto; los vecinos sostienen precisamente que sus gestiones anteriores no corrigieron las deficiencias denunciadas.
Como antecedente, el organismo regulador difundió una inversión provincial de aproximadamente $2.000 millones para renovar el acueducto El Cadillal, principal sistema de transporte hacia el Gran San Miguel de Tucumán.
La comunicación oficial describió recambio de válvulas, cámaras y accesorios, con un alcance proyectado superior a 250.000 usuarios. Esos trabajos corresponden a una intervención general y no prueban la solución de las conexiones o desbordes incluidos en el nuevo amparo.
Los vecinos de los cuatro sectores trasladaron a la Justicia su reclamo por agua potable y saneamiento contra la prestataria estatal.