La delegada de ATE en la Residencia Serrana de La Falda, María José Peñaloza, informó que el 30 de noviembre vence el plazo de continuidad laboral para los sectores de turismo y farmacia de la obra social. Advirtió sobre el impacto en la atención médica y en la economía de Punilla.
La crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) afecta la continuidad laboral de aproximadamente 1.450 familias en todo el país, según declaró María José Peñaloza, delegada de ATE en la Residencia Serrana de La Falda, en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), en el programa «Pensavalle Informa» con Mario Pensavalle y Viviana Villalba.
Los trabajadores de IOSFA realizaron medidas de fuerza luego de que les comunicaran que los sectores de turismo y farmacia quedarían desvinculados de la obra social a partir del 30 de septiembre. Según Peñaloza, las protestas permitieron extender la continuidad laboral durante dos meses, pero no resolvieron el problema de fondo. «Se realizaron medidas de fuerza y, por suerte, se consiguieron 60 días más de continuidad», señaló. Sin embargo, remarcó que el plazo tiene un límite: «Tenemos una fecha de caducidad, por así decirlo, el 30 de noviembre del mes que viene».
La delegada sostuvo que el conflicto dejó de concentrarse exclusivamente en hoteles y farmacias y comenzó a alcanzar otros espacios de trabajo. «La crisis es muy grande y ahora es como que se extendió porque está tomando delegaciones, centros médicos», afirmó. Para Peñaloza, la reorganización podría derivar en una tercerización de los servicios.
Situación de La Falda
En Córdoba, uno de los focos del conflicto está en la Residencia Serrana de La Falda, donde trabaja Peñaloza. Según relató, «el hotel donde me desempeño con mis compañeros, ahí ya se hizo cargo el Ejército. Nosotros estamos de prestado, por así decirlo». La delegada indicó que IOSFA continúa pagando los salarios, pero que el establecimiento ya no pertenece a la obra social. Frente a esa situación, los trabajadores intentan que el Ejército los incorpore como personal civil. «Ahora tenemos que pelear a ver si el Ejército nos puede tomar a nosotros los empleos civiles, como civiles del Ejército», señaló. Peñaloza aclaró que el hotel continúa funcionando con normalidad y recibe grupos y eventos, aunque advirtió que el turismo disminuyó en la zona.
Cierres de farmacias y preocupación por la atención médica
Durante la entrevista, Peñaloza describió un escenario preocupante para los afiliados que necesitan medicamentos y atención médica. «No se está entregando la medicación oncológica o, por ejemplo, una persona que padece diabetes», afirmó. También señaló que hay lugares donde los pacientes dejaron de recibir atención sin pagar de su bolsillo. «Un montón de lugares cerrados donde no te atienden, donde tenés que pagar para que te atiendan, no hay reintegros para eso. No, muy precario, digamos», sostuvo. Las declaraciones exponen otra dimensión del conflicto: además de la incertidumbre laboral, los trabajadores advierten sobre las dificultades que enfrentan los afiliados para acceder a prestaciones y tratamientos. El alcance de los faltantes de medicamentos y de los cierres mencionados requiere confirmación con información oficial de la obra social.
Salarios bajos y falta de alternativas laborales en Punilla
Peñaloza advirtió que una eventual pérdida de empleos tendría un impacto importante en la economía de Punilla, donde, según afirmó, las oportunidades laborales son limitadas. «Que den marcha atrás con este genocidio que están haciendo, porque realmente esto es un genocidio, porque en esta época no tenemos dónde buscar trabajo», reclamó. A la incertidumbre por la continuidad laboral se suma el nivel de los salarios. Consultada sobre cuánto cobra el personal de los hoteles, Peñaloza respondió que los ingresos no superan el millón de pesos y que algunos trabajadores perciben entre $600.000 y $700.000, incluso con 15 o 18 años de antigüedad. «Muy precarizado también el trabajo, porque muchos años siendo temporarios, luego contratados y los contratados, si hoy los echan, no les dan ni indemnización», denunció. La delegada insistió en que el reclamo apunta a preservar los puestos de trabajo y evitar que numerosas familias lleguen a fin de año sin ingresos. Mientras esperan una respuesta, los trabajadores buscan que las autoridades revisen las medidas y definan cómo continuará el funcionamiento de los establecimientos y servicios afectados.