El exministro de Seguridad de Córdoba y exlegislador riocuartense Alfonso Mosquera será juzgado desde el 3 de noviembre por nueve presuntos hechos de violencia de género denunciados por su expareja, una sargento de la Policía de Córdoba. El debate se desarrollará en la Cámara 9ª del Crimen con audiencias los días 3, 4, 5, 11, 12 y 13 de noviembre.
El próximo 3 de noviembre comenzará el juicio contra el exministro de Seguridad de Córdoba y exlegislador riocuartense Alfonso Mosquera, acusado de nueve presuntos hechos de violencia de género denunciados por su expareja, una sargento de la Policía de Córdoba. El debate se desarrollará en la Cámara 9ª del Crimen y tendrá audiencias previstas para los días 3, 4, 5, 11, 12 y 13 de noviembre.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2023. De acuerdo con la presentación judicial, los episodios investigados habrían ocurrido entre diciembre de 2021 y octubre de 2023, en distintos domicilios. Los hechos atribuidos al exfuncionario serán analizados durante el debate, en el que deberá responder por una serie de delitos de distinta gravedad.
La acusación incluye abuso sexual con acceso carnal reiterado, privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones leves doblemente calificadas, hurto, amenazas y amenazas calificadas. Se trata de imputaciones que deberán ser examinadas en el marco del juicio, instancia en la que se debatirán los hechos denunciados y las responsabilidades que pudieran corresponder.
El inicio del proceso judicial se confirmó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara un recurso presentado por la defensa de Mosquera. Esa decisión despejó el camino para avanzar con el debate oral, que comenzará en los primeros días de noviembre y se extenderá durante seis jornadas previstas en el calendario judicial.
Mosquera fue ministro de Seguridad durante la gobernación de Juan Schiaretti y también se desempeñó como legislador por el departamento Río Cuarto. Su trayectoria en la función pública coloca a la causa bajo atención política e institucional, aunque la responsabilidad penal por los hechos denunciados deberá determinarse en el ámbito judicial.