En el marco del encuentro IMI Connect, que se realiza por primera vez en Sudamérica, se informó que el programa argentino de ciudadanía por inversión no recibirá solicitudes antes del primer trimestre de 2027 y que los aspirantes deberán contar con visa vigente de Estados Unidos o de la Unión Europea, o un pasaporte que les permita ingresar a Europa sin visa. El Gobierno había anunciado que las solicitudes se abrirían en el cuarto trimestre de 2026.
El programa de ciudadanía por inversión anunciado por el Gobierno argentino, que prevé un aporte de US$350.000 al Tesoro, no comenzaría a recibir solicitudes antes del primer trimestre de 2027, según se expuso en el panel «Argentina Unfiltered: Behind the Scenes of the Biggest Development in IM History», realizado este martes en el marco del encuentro IMI Connect en Buenos Aires. La información fue transmitida durante una sesión a la que no se permitió el ingreso de teléfonos celulares ni dispositivos con cámara, bajo reglas de Chatham House.
El evento, organizado por el portal especializado IMI Daily, se desarrolla por primera vez en Sudamérica con 125 invitados y entradas desde 2.499 euros. La elección de Buenos Aires como sede se produce un mes después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara el programa argentino, que el sector considera un mercado potencial.
Durante el panel se mencionó un requisito adicional no incluido en los anuncios oficiales: los aspirantes deberán tener una visa vigente de Estados Unidos o de la Unión Europea, o un pasaporte que les permita entrar a Europa sin visa. También se indicó que habrá otros agentes autorizados además del consorcio AMIGO, que asesora al Gobierno sin licitación, con criterios que, según un asistente consultado, fueron recomendados por el propio consorcio.
El programa, presentado por Caputo y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el 2 de octubre en la Argentina Week de París, prevé un aporte directo de US$350.000 al Tesoro o la compra de un bono de US$800.000, con montos adicionales por familiar: una familia de cuatro paga US$500.000. Lo administra la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI), creada por el decreto 366/2025 dentro del Ministerio de Economía y a cargo de Aixa Granara de manera ad honorem. La decisión final sobre cada solicitud corresponde a Migraciones. Economía había informado que las solicitudes se abrirían en el cuarto trimestre de este año.
El consorcio AMIGO, integrado por empresas como Latitude y Arton Capital, asesora al Gobierno sin haber pasado por una licitación. El camino hacia ese acuerdo comenzó con un concurso internacional lanzado a fines de 2025 para contratar a un «agente maestro» que diseñara, implementara y operara el programa durante unos cuatro años. Se presentaron, entre otras, Henley & Partners y Latitude. La comisión evaluadora recomendó a un consorcio integrado por Apex Capital Partners, AIM Global, Passport Legacy y Arton Capital, pero dos oferentes impugnaron la decisión y, el 14 de abril, Caputo anuló el procedimiento con la Resolución 522/2026. El Gobierno reconoció, a través de un comunicado, que la APCI firmó un acuerdo «no oneroso» con el consorcio AMIGO.
El encuentro incluyó otras actividades: un cóctel en el Hipódromo de Palermo el lunes, una cena y un concurso de trivia en el Palacio Paz, y un brunch de cierre en el Yacht Club Puerto Madero con show de tango y degustación de vinos. Entre los sponsors figuran Latitude, Prime Developments, CanadaRBI, World Talents, Vardikos & Vardikos y Arton Capital. Para el miércoles está prevista una «sesión informativa privada» de Latitude en el Museo Fortabat y un evento de Creimerman Global en Le Parc.
En el Congreso hay al menos tres proyectos para frenar el programa: el de Agustín Rossi y Kelly Olmos, que prohíbe contratar a terceros para comercializarlo; el de Jorge Capitanich en el Senado, que veda la intermediación privada; y el de Florencia Carignano y Paula Penacca, que deroga los decretos.