Martín de Luca, letrado de Trump Media Group y asesor de Flavio Bolsonaro, sostuvo que la expresidenta sigue una estrategia similar a la de Luiz Inácio Lula da Silva para recuperar sus derechos políticos.
El abogado argentino Martín de Luca, vinculado a empresas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la entrevista que la expresidenta Cristina Kirchner concedió al diario The Washington Post y a la presentación de su defensa ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A través de un mensaje publicado en la red social X, De Luca, quien presta servicios en Trump Media Group, sostuvo que la expresidenta busca replicar la estrategia judicial que siguió Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil para revertir sus condenas y recuperar sus derechos políticos. “La parte más reveladora de la nota”, escribió.
Y agregó: “Cristina Kirchner y su abogado, Rafael Valim, han pedido al Comité de Derechos Humanos de la ONU que revise su caso con el argumento de que se le negó el debido proceso y derechos fundamentales. Ese es el camino que tomó Lula; Valim fue asesor en su caso”.
De Luca es abogado de Trump Media Group y también asesor de Flavio Bolsonaro, excandidato a presidente de Brasil que, tras perder las elecciones con Lula da Silva, se trasladó a Estados Unidos.
La entrevista y la estrategia internacional
Cristina Kirchner concedió una entrevista a The Washington Post desde su domicilio en San José 1111, donde cumple una condena por corrupción, y no descartó una candidatura pese a la prohibición judicial. “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, expresó en esa nota.
“El hombre que ha hecho todo lo posible por ayudar a que los gobiernos de derecha ganen en América Latina perderá las elecciones en su propio país”, dijo la expresidenta argentina sobre las elecciones legislativas de Estados Unidos.
“No tengo derecho a deprimirme ni a atormentarme ante el sufrimiento ajeno. Sé por qué estoy aquí: por lo que represento, por el gobierno que construimos y por mi negativa a someterme a los poderes establecidos”, se defendió la exmandataria ante la condena en la causa Vialidad, en la que se la acusó por el direccionamiento de proyectos de obra pública hacia empresas del empresario santacruceño Lázaro Báez.
Y añadió: “Díganme dónde puse el dinero. Porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en prisión. Estaría libre, ya que habría podido comprar al sistema judicial argentino, dado que es corrupto”.
Representada por el abogado brasileño Rafael Valim, Cristina Kirchner solicitó al Comité de Derechos Humanos de la ONU que revise su caso, al argumentar que se vulneraron su debido proceso y sus derechos fundamentales. Esa es la misma vía que siguió Lula da Silva.
Valim, que fue integrante del equipo jurídico que defendió al presidente brasileño en la investigación conocida como Lava Jato, se sumó a mediados de este año al equipo de defensa internacional de la expresidenta Cristina Kirchner en el marco de la condena por la causa Vialidad.
Kirchner y Valim sostienen que se le atribuyó injustamente la responsabilidad por las acciones de su jefe de Gabinete y otros ministros, y que a su defensa se le impidió el acceso a pruebas clave. La prioridad, según dijo Valim a The Washington Post, es restituir los derechos políticos de Kirchner y anular la inhabilitación que le impide ejercer cargos públicos.