El Poder Ejecutivo solicitó el martes 3 de noviembre a la Cámara de Diputados el retiro del proyecto de Competitividad Financiera, que había ingresado el sábado 31 de octubre y establecía un impuesto del 15% sobre las ganancias por compraventa de cedears. La iniciativa llevaba la firma del presidente Javier Milei y de cuatro ministros.
El Gobierno pidió retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Competitividad Financiera que había enviado al Congreso tres días antes. La iniciativa, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger y firmada por el presidente Javier Milei y los ministros Luis Caputo, Alejandra Monteoliva y Diego Santilli, incorporaba un impuesto del 15% sobre las ganancias obtenidas por la compraventa de cedears, certificados que permiten invertir desde Argentina en acciones de empresas extranjeras.
El texto ingresó a la Cámara de Diputados el sábado 31 de octubre por la noche, aunque su recepción formal quedó registrada el lunes 2 de noviembre. Se conoció públicamente el martes 3 y ese mismo día, a las 22.50, el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, formalizó el pedido de retiro mediante una nota.
El presidente Milei firmó digitalmente el proyecto el sábado 31 de octubre a la 1.42 de la madrugada. El texto establecía que el nuevo tratamiento impositivo sobre los cedears alcanzaría a los certificados adquiridos desde ese mismo 31 de octubre inclusive. Ese mismo sábado, Devitt firmó la remisión a Diputados mientras se encontraba de viaje hacia Estados Unidos, invitado por la Cámara de Comercio de ese país en la Argentina (AmCham) para presenciar las elecciones norteamericanas.
El artículo que generó controversia proponía cobrar un impuesto del 15% sobre las ganancias obtenidas por la venta de cedears, con el objetivo de que estas inversiones pagaran los mismos impuestos que si las acciones se compraran directamente en el exterior. El cambio se aplicaría únicamente a los cedears adquiridos a partir del 31 de octubre de 2026 y no afectaría las tenencias anteriores.
Tras la difusión del proyecto, funcionarios y asesores del Gobierno atribuyeron la disposición impositiva a un “borrador viejo”. A las 18.37 del martes, Santiago Caputo respondió a un usuario en la red social X que cuestionaba el gravamen: “Dame un toque”. Seis minutos después, Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, anunció que la medida no prosperaría: “Alan querido, quedó de un borrador viejo. Se va a retirar!”, contestó a una publicación del usuario Alan Riedmaier.
Desde el Ministerio de Desregulación, que conduce Sturzenegger, señalaron a LA NACION: “Todo lo regulatorio lo mira nuestro ministerio. Lo tributario, impositivo, etcétera, es del Ministerio de Economía”.
El pedido de retiro completo, en lugar de la eliminación del artículo cuestionado, respondió a que el Gobierno temía que la oposición aprovechara la situación para avanzar con el impuesto que el oficialismo ya había decidido descartar. En septiembre, el diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto para crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC), destinado a gravar la salida al exterior de divisas, valores negociables y activos virtuales.
En el oficialismo admiten que aún no saben si el proyecto volverá a presentarse en el corto plazo. La secuencia expuso una nueva descoordinación dentro de la administración libertaria, similar a la ocurrida un mes antes, cuando el Gobierno envió un proyecto de presupuesto que derogaba aspectos centrales de una normativa sobre discapacidad mientras los diputados libertarios negociaban una nueva legislación en esa materia.