Un informe de 199 páginas remitido a la Fiscalía reconstruye el mecanismo de préstamos a sociedades vinculadas y la posterior venta de cartera financiada por el propio banco, con ramificaciones en Salta y un banco argentino.
Un documento de 199 páginas con sello de “carácter reservado” fue enviado por el Banco Central del Paraguay (BCP) a la Fiscalía General del Estado el 3 de noviembre, un día después de que el regulador ordenara la intervención de Ueno Bank. El texto, al que accedió LA NACION, lleva las firmas de Carlos Carvallo Spalding, entonces presidente de la autoridad monetaria, y del director Miguel Ángel Mora. Tres días después, la Fiscalía ordenó la detención de Carvallo y al cuarto lo imputó por producir documentos públicos de contenido falso.
El escrito se presenta como una “comunicación de antecedentes” para que los fiscales investiguen y describe el mecanismo mediante el cual un banco con 2,9 millones de clientes financió a empresas de sus propios dueños hasta quedarse sin solvencia. Según el documento, participaron 12 sociedades, se otorgaron préstamos de hasta 10 años sin garantía y el destino del dinero casi nunca coincidió con el declarado.
La mecánica reconstruida por el Central se desarrolla en tres etapas. Primero, según el informe, se borró el parentesco: Mowi, Grupo Hendy y Grupo M figuraban como empresas vinculadas al banco porque compartían accionistas con el Grupo Vázquez. En septiembre de 2025, Itti y Grupo Vázquez se desprendieron de esas acciones y las transfirieron a personas de confianza. A fines de octubre de ese año, el banco solicitó excluirlas de su grupo vinculado sin adjuntar documentación.
En segundo lugar, se otorgaron créditos a 7 y 10 años, a sola firma, y sobregiros por cientos de miles de millones de guaraníes. Mowi recibió su primer préstamo de 12 millones de dólares una semana después de cambiar de dueños. Los inspectores hallaron que las tres empresas compartían una docena de operadores de home banking, todos empleados de Itti, y la misma oficina.
En tercer lugar, los desembolsos no financiaban inversión: el mismo día salían hacia Itti, Red Digital —la firma detrás de la red de cobranzas Wepa— y Redipro, que los usaban para cubrir sus propios sobregiros y cheques en otros bancos. Las cuotas se pagaban con fondos de otras empresas del mismo grupo.
El expediente sigue con detalle el caso de Mowi. Los 12,5 millones de dólares recibidos el 26 de septiembre de 2025 viajaron cuatro días después hacia Itti y Redipro. A partir de ahí se generaron sobregiros para cubrir cheques de otras empresas como Itti y Redisa en los bancos Basa y Zeta. Según el BCP, la carpeta del primer crédito no estaba cargada en el sistema documental del banco.
En junio de 2026 el Central ordenó tratar a esas empresas como vinculadas y recalcular la exposición del banco. Ueno vendió el 15 de ese mes a Vinanzas, otra firma del grupo, los créditos de Mowi, Hendy y Grupo M por 74,4 millones de dólares al contado. La normativa del BCP solo admite esas ventas si se cobran en efectivo y prohíbe que el propio banco financie la compra, de manera directa o indirecta.
Según el Informe de Hallazgos 011, Vinanzas necesitó recibir 76,1 millones de dólares de otras compañías antes de la operación. Ese dinero había salido de Ueno. Satec y HD Invest tomaron créditos por 20 millones y 35 millones de dólares respectivamente y los usaron para comprarle cartera a Vinanzas. El circuito se replicó en decenas de sociedades.
La imputación contra el expresidente Santiago Peña y Carvallo se basa en la misma secuencia: créditos sin garantías a empresas del grupo financiadas con dinero de Ueno Bank, que a su vez se fondeaba con dinero de empresas públicas.
Escala en Salta
El expediente dedica un capítulo a Nubicom, la empresa que obtuvo parte del espectro 5G paraguayo. La sociedad se constituyó en enero de 2025 con otro nombre y un capital de 33 dólares. La mitad de las acciones pertenecía a Nubicom SRL, firma constituida en Salta en 2014 con un capital de unos 44.000 dólares; la otra mitad, a su socio mayoritario Emanuel Salinas, que las había recibido de Grupo Vázquez en septiembre de 2025.
Ese mismo mes, la empresa paraguaya elevó su capital a unos 26,9 millones de dólares, suscripto casi íntegramente por la sociedad salteña. A junio de 2026 el capital efectivamente integrado seguía siendo de 33 dólares. Solo ingresaron unos 2,4 millones de dólares registrados como “aporte para futura capitalización” y atribuidos a Nubicom SRL. El BCP comprobó que la firma argentina había recibido antes fondos de Itti, del mismo grupo que el banco.
El dinero también hizo el viaje inverso. De un préstamo de 7,54 millones de dólares otorgado por Ueno a Nubicom el 9 de junio de 2026, unos 4,6 millones salieron por transferencia internacional hacia una cuenta de Nubicom SRL en el Banco Macro. Otros 1,2 millones fueron a Nokia, en Finlandia.
Nubicom planteaba un proyecto de 670 millones de dólares sin ingresos, con un activo compuesto casi por completo por licencias, marcas y patentes cuyo valor el Central no pudo verificar. Aun así, en mayo de 2026 Ueno le abrió una línea de 85 millones de dólares sin garantías.
Los balances de los deudores reflejan una situación similar. A fines de 2025, el 84% del activo de Mowi eran desarrollos intangibles; la empresa había perdido dinero cuatro años seguidos y su única ganancia de 2025 provino de diferencias de cambio. Debía 12,5 veces su patrimonio y su deuda de largo plazo equivalía a 154 veces lo facturado en el año.
Grupo Berilo recibió 69 millones de dólares, casi la mitad del costo de su proyecto inmobiliario, mientras sus accionistas comprometieron apenas 3,8 millones que no figuraban en el balance. Office Design, una pequeña firma de amoblamientos, multiplicó su tamaño desde 2025 casi solo con deuda de Ueno. El proyecto de Nuevo Mundo Entertainment pasó de 5 a 33 millones de dólares sin sustento técnico.
El pedido de Ueno para desvincular a Mowi, Hendy y Grupo M quedó siete meses sin respuesta. La documentación llegó en mayo de 2026, a pedido del supervisor. En ese lapso, el banco otorgó préstamos sin restricciones.
Según la imputación, los controles mensuales de la Superintendencia ya detectaban en septiembre de 2025 que Ueno declaraba no tener excesos mientras la Central de Información mostraba lo contrario, y tres memorandos internos lo informaron ese mismo mes. En noviembre hubo otro memo y en junio de 2026 el Directorio del BCP dejó asentadas observaciones sobre Ueno en un acta. Ninguna de esas alertas frenó al banco.
El Informe de Hallazgos 011, del 5 de agosto de 2026, concluía que la venta a Vinanzas había sido financiada por el propio banco, una falta grave. El sumario se abrió el 24 de septiembre. El 7 de octubre, con la firma de Carvallo, el Central informó al Senado que el exceso estaba corregido.
La cuenta judicial
Los cinco exdirectivos varones del banco esperan el juicio con prisión preventiva en el ex penal de Tacumbú, y las dos exdirectoras lo hacen en sus casas con tobillera electrónica. Santiago Peña, destituido por el Senado, fue imputado como instigador de lesión de confianza y por administración en provecho propio. Según los fiscales, mantenía una relación económica y societaria previa con el holding dueño del banco.
La imputación reconstruye una relación patrimonial de Peña con el grupo: fue dueño de 6144 acciones de Ueno Holding, el 1,58% del capital, hasta que se las rescataron en marzo de 2025. Conservó un depósito de 330.000 dólares en el banco y un bono de Itti por 48.000 dólares. Su hermano Francisco fue socio de la sociedad de Luxemburgo que controla el banco entre marzo de 2024 y marzo de 2025. El 22 y el 27 de agosto de 2024, Peña recibió al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) en su despacho, y dos días después el Consejo del instituto aprobó comprar bonos de Ueno por unos 32 millones de dólares.
El sábado, el juez Humberto Otazú dictó prisión preventiva contra Peña, quien permanece en el Regimiento Escolta Presidencial. Carvallo, que presidió Financiera Ueno antes de llegar al Central, quedó imputado por lesión de confianza y por producir documentos públicos de contenido falso. La Fiscalía pidió también su prisión preventiva.