El proyecto de ley de patentes que el Senado trataría el jueves 19 propone la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) con reserva del Capítulo II, una fórmula que no coincide con el texto reclamado por Estados Unidos y las multinacionales farmacéuticas.
El proyecto de ley de patentes que el Senado trataría el jueves 19 propone la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) con reserva del Capítulo II, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que agrupa a filiales locales de Pfizer, Merck, Roche, Novartis, Bristol Myers Squibb, GSK y Sanofi, y la cámara AmCham enviaron cartas a los legisladores para rechazar cualquier cambio en el texto del tratado. El argumento central fue que la reserva «debilita fuertemente el beneficio del sistema», porque el Capítulo II es la instancia de examen preliminar internacional que permite mejorar la calidad de las solicitudes y reducir incertidumbre.
Las multinacionales mencionaron una inversión de 8.000 millones de dólares en investigación clínica en la Argentina entre 2026 y 2032, anunciada en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei y presentada como condicionada al marco de propiedad intelectual. El embajador estadounidense, Peter Lamelas, repite ese compromiso en sus apariciones públicas como argumento para acelerar la sanción.
La posición del gobierno de Estados Unidos es más exigente que la de las empresas: el PCT forma parte del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI) que Milei firmó con Donald Trump el 5 de febrero. Lamelas reclamó públicamente la aprobación; el número dos del Departamento de Estado, Christopher Landau, viajó a Buenos Aires sin lograr llevar el proyecto al recinto; funcionarios de la oficina comercial USTR como Jeff Goettmann pasaron por el Congreso; y el consejero comercial de la embajada, Joel Reynoso, admitió esta semana que «estamos muy ansiosos» por la sanción.
El informe anual de Washington advirtió que supervisará el cumplimiento del ARTI y que la Argentina «sigue planteando desafíos» para las industrias de alta intensidad en propiedad intelectual.
La reserva del Capítulo II, impulsada por los laboratorios nucleados en CILFA mediante cartas y lobby, dejaría a la Argentina adhiriendo al tratado con la mitad de su utilidad desactivada. Solo Uruguay, entre los 158 países del sistema, hizo antes esa reserva, mientras que CAEMe aceptó que el PCT «es prioritario, aun con la reserva», como avance de una «convergencia progresiva» hacia los estándares internacionales.
En los pasillos del Congreso se sostiene que la ley que saldría con el respaldo del lobby local no conformaría a Estados Unidos, dejaría los 8.000 millones de dólares condicionados al arbitraje de las empresas y abonaría el reclamo de Washington de que la Argentina cumple a medias con el acuerdo comercial.
