En menos de dos semanas, la Cámara Federal de la Seguridad Social dictó tres sentencias que declaran la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad jubilatoria de la ley 27.609, vigente entre 2021 y junio de 2024. Los fallos establecen criterios distintos sobre el alcance de la reparación económica y rigen exclusivamente para los demandantes.
En menos de dos semanas, la Cámara Federal de la Seguridad Social con asiento en la Ciudad de Buenos Aires dictó tres sentencias que declaran la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la ley 27.609, impulsada durante el gobierno de Alberto Fernández y vigente formalmente entre 2021 y junio de 2024.
Los últimos dos pronunciamientos revelan criterios diferentes sobre el alcance de la reparación económica. En el expediente “Pena, Dora Yolanda c/ Anses s/ Reajustes varios”, la Sala I, integrada de manera subrogante por los jueces Fernando Strasser, Sebastián Russo y Juan Fantini, ordenó comparar la movilidad otorgada por la ley cuestionada contra la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) únicamente entre octubre de 2023 y junio de 2024, sumando al haber mensual las diferencias más los intereses retroactivos.
En una demanda individual iniciada por Carmen Galletta contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado, de la Sala II, revocaron un fallo de primera instancia y ordenaron recalcular el haber de la demandante entre enero de 2021 y junio de 2024 aplicando el mecanismo de actualización utilizado durante la gestión de Mauricio Macri.
Los alcances de los fallos rigen exclusivamente para quienes promovieron los juicios, sin perjuicio de que el Gobierno apele las resoluciones ante la Corte Suprema de Justicia, instancia donde ya aguardan definición otras causas por el mismo reclamo.
La ley 27.609 fue sancionada en diciembre de 2020 y reemplazó la fórmula de movilidad aprobada durante la gestión de Mauricio Macri —que combinaba en un 70% la inflación y en un 30% la variación salarial— por un esquema trimestral basado en la evolución de los salarios y la recaudación tributaria de la ANSES, sin cláusula de ajuste por inflación. A partir de 2022, con la aceleración inflacionaria, la fórmula quedó por debajo del costo de vida. El Ejecutivo implementó bonos mensuales fijos para quienes percibían el haber mínimo, lo que excluyó a los jubilados con haberes superiores.
En marzo de 2024, el gobierno de Javier Milei dispuso por decreto (DNU 274/24) el fin de ese mecanismo y estableció a partir de julio de 2024 una actualización mensual atada al IPC, tras un trimestre de transición entre abril y junio.
Al fundamentar su voto, el camarista Sebastián Russo sostuvo: “No es materia del juez expedirse respecto de la política de movilidad, sino verificar si el resultado de su implementación afecta al núcleo del derecho protegido por nuestra Carta Magna”. Y remarcó que la clave pasa por evaluar “si se ha producido un deterioro sustancial del haber al extremo que se vuelve ilusoria la protección constitucional”.
La sentencia subraya que el cambio de esquema dispuesto por el actual Gobierno no saldó el perjuicio acumulado bajo la ley 27.609. “El haber ya depreciado pasó a ser la base de cálculo del nuevo sistema y así la pérdida quedó consolidada”, advierte el tribunal, y agrega que “la insuficiencia del empalme no es transitoria” y que “la reparación de ese perjuicio es independiente de la movilidad que corresponde aplicar de ahora en adelante”.
Por su parte, el juez Juan Fantini ratificó el criterio que ya había expuesto en otro expediente y planteó una reparación integral sin recortes en el tiempo. Según su postura, el haber de la jubilada demandante debe ser redeterminado desde marzo de 2021 sin limitación temporal, tomando como parámetro la fórmula previsional sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri.
Fantini recordó que la Corte Suprema de Justicia convalidó el esquema de actualización de la ley 27.426, que rigió entre 2018 y 2019, al desestimar un planteo de inconstitucionalidad en diciembre de 2025 en el expediente “Fernández Pastor, Miguel Ángel c/ Anses”.
En el interior del país también se dictaron sentencias en los últimos años que ordenaron reparar el daño causado a los demandantes, en jurisdicciones como Mendoza, Mar del Plata, Salta, Córdoba, Bahía Blanca y Tucumán.
