El régimen iraní anunció la medida en respuesta a la decisión argentina de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica. La justicia argentina avanza con juicios en ausencia por el atentado a la AMIA.
El gobierno de Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas, según informó el régimen iraní. La medida se produce como respuesta a la decisión del gobierno argentino de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica, apparatus militar, político y económico vinculado a Hezbollah y señalado por la justicia argentina en los atentados contra la embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.
La justicia argentina avanza hacia la realización de juicios en ausencia contra los acusados de organizar y ordenar el atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Durante más de tres décadas, Irán ha impedido que los principales sospechosos comparezcan ante los tribunales argentinos, según registros judiciales.
El gobierno argentino incorporó el juicio en ausencia a su ordenamiento jurídico y lo aplicó a la causa AMIA. La medida busca que los acusados respondan ante la justicia aunque se nieguen a presentarse.
La Armada y la Fuerza Aérea argentinas son instituciones del Estado subordinadas a la Constitución y al poder civil. La Guardia Revolucionaria Islámica es un instrumento central del poder teocrático iraní, con una estructura propia y una proyección que excede las funciones militares convencionales, según especialistas.
Irán no ha cooperado con la justicia argentina en la investigación de los atentados, sostuvo el gobierno argentino en comunicados oficiales. En lugar de responder a las acusaciones, Teherán eligió declarar terroristas a las instituciones militares argentinas, según la medida anunciada.
El gobierno argentino evalúa una respuesta institucional y coordinada con aliados regionales e internacionales, según fuentes oficiales. No se anunció una escalada diplomática.
Los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA fueron ataques contra la sociedad argentina y la convivencia democrática, según el gobierno. La memoria de las víctimas y la exigencia de justicia son parte de la posición oficial argentina.
