La diputada de Coherencia responsabilizó al presidente de la Cámara de Diputados por la caída de la sesión especial del miércoles 18 de noviembre, en la que se debatía el proyecto de soberanía sobre las Islas Malvinas. Menem dio por finalizada la sesión con 126 legisladores presentes, tres menos del quórum necesario.
El tablero de la Cámara de Diputados registraba 126 presentes cuando el presidente del cuerpo, Martín Menem, dio por caída la sesión especial del miércoles 18 de noviembre. Faltaban tres legisladores para alcanzar el quórum requerido. Horas después, la diputada Marcela Pagano atribuyó la responsabilidad a Menem en la red social X.
Pagano, que integra el bloque Coherencia, afirmó que el titular de la Cámara hizo bajar a dos diputadas de su entorno para impedir el avance del proyecto de defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas. En su publicación, mencionó a dos legisladoras de su staff sin precisar sus nombres ni cómo se habría transmitido la orden.
El intercambio comenzó con un mensaje de Romina Diez, diputada de La Libertad Avanza, quien atribuyó el fracaso de la convocatoria a «intereses mezquinos, chiquitos y cortoplacistas». Pagano respondió que coincidía con Diez y señaló a Menem como responsable.
Ramiro Marra, exlegislador porteño y uno de los fundadores de La Libertad Avanza, también ubicó la responsabilidad dentro del Gobierno. En X vinculó a quienes, según él, hicieron caer el proyecto con el sector que lo expulsó del partido en enero de 2025. En otro mensaje sostuvo que el fracaso de la Ley Malvinas y de la reforma del Banco Central tenía «nombre y apellido».
En el recinto, el bloque Provincias Unidas tuvo un papel decisivo. Su jefa de bloque, Gisela Scaglia, y otros integrantes de la bancada permanecieron de pie mientras Menem buscaba completar el número. El bloque reclamaba avances en el proyecto de biocombustibles y un lugar en el Consejo de la Magistratura. Los dos diputados del MID tampoco dieron quórum. Según Noticias Argentinas, Menem intercambió audios con Scaglia sobre el cierre para intentar que cambiara de posición.
La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional propone sancionar la explotación de recursos naturales sin autorización argentina en las islas y sus aguas circundantes. También incluye disposiciones sobre infraestructura crítica e injerencia extranjera. Los cambios penales y su posible impacto sobre la libertad de expresión fueron parte de las objeciones al texto.
El proyecto había conseguido dictamen de mayoría a fines de octubre, con 60 firmas en un plenario de tres comisiones. La Casa Rosada buscaba darle media sanción antes del pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre la explotación petrolera cerca de las islas. Con la sesión caída, quedó pendiente el debate de esa iniciativa y el de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
