Luego del grave accidente que sufrió Bastián Jerez el 12 de enero, el niño de 8 años que viajaba con cuatro personas en un UTV que chocó contra una camioneta 4×4, el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Dolores dictó una medida cautelar que “prohíbe toda actividad» con de este tipo de vehículos, cuatriciclos y motos en la zona conocida como “La Frontera”, en Pinamar.
La medida es en respuesta a una acción de amparo presentada contra la municipalidad que dirige Juan Ibarguren en la que advirtieron sobre los riesgos que implican las prácticas que llevan adelante ese tipo de vehículos en esa zona costera de médanos.
De acuerdo con el fallo, esa clase de pruebas y competencias informales “se realizaban sin controles adecuados, sin señalización ni delimitación de zonas, compartiendo el espacio con peatones, familias y niños”. Esa situación, remarca el texto, derivó “en numerosos siniestros viales graves y fatales, varios de ellos con menores de edad como víctimas”.
La presentación que motivó el accionar judicial fue hecha por el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) Pablo Martínez Carignano, quien señaló que el objetivo «es evitar que más gente muera o sufra gravísimas heridas».
Según evaluó el ex funcionario, “la experiencia demuestra que la insensatez humana no entiende de carteles o multas» y es por eso que -evaluó- «cuando hay un riesgo cierto de muerte, el deber del Estado es impedir que se desarrolle la conducta peligrosa”.
En tanto, el Juzgado consideró probada la existencia de «un riesgo cierto, conocido y evitable», y enfatizó en el deber de las autoridades municipales de «ejercer el poder de policía para prevenir daños a la vida, la integridad física y la seguridad pública». En el mismo sentido, destacó la aplicación del principio de prevención, a fin de lograr la anticipación a «posibles daños graves e irreversibles».
Ene estas condiciones, la medida cautelar dispone «la suspensión inmediata de todo tipo de eventos recreativos motorizados, carreras, picadas y pruebas de destreza, cualquiera sea su modalidad, hasta tanto se acrediten condiciones adecuadas de seguridad y control en la zona».
Previo a esta disposición, la Municipalidad de Pinamar se había inclinado por la no intervención en la zona con el argumento de que La Frontera es de «propiedad privada».
“No creemos que prohibir sea una solución, creemos que hay un montón de personas que disfrutan saludablemente, con respeto a la naturaleza de nuestras playas y médanos, presentan documentación y elementos de seguridad. Hay un puñado de irresponsables que les dan el cuatriciclo a su hijo menor de edad, van sin cinturón y eso es lo que no queremos y controlamos. Hay que ser consciente de que este tipo de vehículos no son para cualquier persona y hay que ser muy prudentes al usarlos», dijo Ibarguren a Net TV el jueves.
El fin de semana el panorama cambió. La notificación se envió a las autoridades locales «con carácter urgente» y la prohibición ya está en vigencia.
BPO