La seguridad en la provincia de Santa Fe, y especialmente en la ciudad de Rosario, atraviesa horas críticas tras el recrudecimiento de la huelga y el acuartelamiento de los efectivos de la Policía provincial. Este martes, la medida de fuerza escaló ante la falta de un acuerdo salarial que logre compensar la fuerte pérdida del poder adquisitivo que, según los agentes, se ha profundizado durante la gestión de Maximiliano Pullaro.
En declaraciones al programa De Una de C5N, una oficial con más de una década de antigüedad —que mantuvo su identidad en reserva— fue contundente respecto a la precariedad de su situación: «Tenemos sueldos miserables». La agente explicó que la única vía para intentar cubrir sus necesidades básicas es la realización de horas extra, advirtiendo que «tenemos que hacer adicionales para cobrar más». A pesar de sostener que su vocación radica en que «me gusta ayudar y cuidar a la gente», la realidad económica ha empujado a la fuerza a una instancia de protesta inédita.
En un intento por destrabar el conflicto, el Gobierno provincial convocó a una reunión de último momento que, aunque estaba prevista para las 23:00, comenzó pasada la medianoche. Durante la madrugada, las autoridades locales presentaron un ofrecimiento formal que consistía en un compromiso para elevar el salario básico de un agente recién ingresado a un millón 300 mil pesos netos.
Sin embargo, la propuesta no logró desactivar el reclamo. La desconfianza de los uniformados se fundamenta en una contradicción discursiva del Ejecutivo: horas antes del encuentro, el Gobierno había afirmado públicamente que un ingresante ya percibía un millón ochocientos mil pesos. Ante esta discrepancia y el hecho de que no existe documentación firmada que garantice el nuevo monto, la huelga continúa. Desde la Asociación Personal Policial sostienen que el objetivo es alcanzar «una recomposición salarial real, con un haber inicial no inferior a la canasta básica total y liquidaciones claras y auditables».
El conflicto excede lo estrictamente económico. Los efectivos mantienen firme su reclamo por mejores condiciones de salud mental y la regularización de los días libres, puntos para los cuales, según se informó, el Gobierno no ha presentado ninguna respuesta hasta el momento.
La tensión se ve agravada por una medida disciplinaria: al menos 20 policías han sido pasados a disponibilidad en el marco de las protestas. Este miércoles, las negociaciones se retomarán con este nuevo eje sobre la mesa, mientras los agentes permanecen acuartelados. Por ahora, el acuerdo parece lejano y la seguridad en los puntos más calientes de la provincia sigue bajo un clima de absoluta incertidumbre.