La medida se adoptó luego del fallecimiento de Ángel López, ocurrido bajo el cuidado de su madre, con quien había sido revinculado por orden judicial. Una ONG presentó una denuncia contra las profesionales que intervinieron en el caso.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut dispuso la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de la Circunscripción Judicial N° II de Comodoro Rivadavia por un plazo de 60 días. Este equipo, integrado por psicólogas y trabajadores sociales, participó en el expediente que derivó en la revinculación del niño Ángel López con su madre, Mariela Altamirano, quien se encuentra detenida por su muerte.
En paralelo, la ONG «Más Vida» denunció a las licenciadas en Psicología Jennifer Leiva y Vanesa Marín, quienes intervinieron en el caso, por presunta violación de los deberes de funcionario público y un eventual falso testimonio. Según la denuncia, las profesionales no habrían verificado de forma presencial las condiciones de la vivienda donde viviría el menor, basándose en fotografías enviadas por la madre que no correspondían al lugar real.
La resolución del STJ, firmada por unanimidad por sus ministros, nombra como interventora a la jueza María Marta Nieto, presidenta de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. La intervención tiene como objetivo realizar una auditoría y control del cumplimiento de las funciones del equipo técnico, debiendo elevarse informes semanales al tribunal.
En sus fundamentos, el STJ hace referencia a «el lamentable acontecimiento acaecido en la ciudad de Comodoro Rivadavia en las últimas horas, que es de público conocimiento», en alusión al fallecimiento de Ángel López. La medida no alcanza al juez de Familia Pablo Pérez, cuya actuación solo podría ser analizada en el marco de un jury de enjuiciamiento.