El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados explicó los alcances legales de ambos procesos, en medio de la controversia política generada por las acusaciones cruzadas entre el PAN y Morena.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aclaró las diferencias entre el juicio político y la declaratoria de procedencia, luego de las discusiones generadas por las solicitudes impulsadas contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.
A través de redes sociales y entrevistas, el legislador explicó que ambas figuras jurídicas suelen confundirse, aunque tienen objetivos distintos dentro del marco constitucional mexicano. Mientras el juicio político busca destituir e inhabilitar a un funcionario, la declaratoria de procedencia pretende retirarle el fuero para someterlo a una investigación penal.
Monreal enfatizó que, en el caso de Rocha Moya, el escenario cambia debido a que actualmente se encuentra con licencia y fuera del ejercicio del cargo. El morenista sostuvo que el objetivo central de un juicio político es remover del puesto a un servidor público, pero señaló que Rocha Moya ya no está en funciones, por lo que no podría ser destituido mediante este procedimiento. El único alcance real sería una eventual inhabilitación para ocupar cargos públicos durante un periodo determinado.
El legislador también rechazó las versiones que señalan que la Junta de Coordinación Política decide de manera directa la procedencia de estos casos, e indicó que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece un procedimiento específico que inicia con la presentación formal de una denuncia ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados.
La discusión escaló después de que el PAN promoviera un juicio político contra Rocha Moya, acusándolo de presuntos vínculos con el crimen organizado. En respuesta, Morena impulsó acciones similares contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, lo que abrió un nuevo frente de confrontación política. Monreal criticó esta dinámica y pidió prudencia para evitar un clima de polarización rumbo a los próximos procesos electorales.
El proceso de juicio político contempla varias etapas: la denuncia debe presentarse ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, luego se turna a las comisiones correspondientes, la Subcomisión de Examen Previo revisa si existen elementos suficientes, se verifica que el acusado sea servidor público sujeto al procedimiento, y en caso de hallar posibles responsabilidades el caso avanza. Actualmente, la Subcomisión acumula 57 solicitudes de juicio político pendientes de análisis.
Por su parte, la gobernadora de Chihuahua respondió a los señalamientos de Morena y defendió la estrategia de seguridad de su administración, asegurando que su gobierno ha combatido frontalmente al crimen organizado y que no existe “nada que esconder”. Instruyó a la Fiscalía estatal a actuar conforme a derecho y reiteró que continuará colaborando con las instituciones federales.