La defensa de los estudiantes que recibieron calificación de cero en el examen de euskera de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) presentó un escrito judicial para exigir el cumplimiento inmediato de los autos que ordenan suspender esas notas. La Universidad del País Vasco (EHU) había anunciado que recurriría la medida y la consideró de imposible cumplimiento.
BILBAO – La representación legal de varios estudiantes afectados por los ceros en el examen de euskera de la PAU presentó un escrito en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao para solicitar la ejecución urgente de los autos dictados el lunes. Las resoluciones judiciales ordenaban a la Universidad del País Vasco (EHU) no tener en cuenta o suspender de forma cautelar las calificaciones de cero en el ejercicio de Lengua Vasca y Literatura II, aplicadas a decenas de alumnos en la Prueba de Acceso a la Universidad.
Los autos judiciales señalaron que se había podido “quebrar el deber de garantizar el anonimato del alumnado y del centro” del que provenían. Tras el anuncio de la EHU de recurrir la medida y calificarla de “imposible cumplimiento”, la defensa de los estudiantes presentó un incidente de ejecución, al que tuvo acceso Europa Press, instando a la ejecución inmediata de lo resuelto.
En el escrito, los abogados exigen que se requiera a la EHU “el cumplimiento estricto e inmediato de las medidas acordadas, con expresos apercibimientos de imposición de multas coercitivas y de deducción de testimonio para la exigencia de responsabilidad penal por delito de desobediencia a la autoridad judicial”. La solicitud se fundamenta en el cierre inminente de los plazos de preinscripción y matrícula del curso 2026/2027, previsto para el martes 30 de junio.
Los autos establecían que las calificaciones impugnadas “no sean tenidas en cuenta, o queden en suspenso, a los efectos del cálculo de la nota de acceso y de admisión y, por ende, de los procedimientos de preinscripción y adjudicación de plazas y matrícula, hasta la resolución del presente recurso”. Además, ordenaban a la EHU y a la Administración educativa competente la reserva de plaza correspondiente mientras se sustancia el recurso.
La defensa recordó que la resolución es ejecutiva desde su notificación y cuestionó el comunicado de la EHU, en el que la universidad anunció que recurriría y afirmó que la medida cautelar era de “imposible cumplimiento”. “La Administración no se limita a anunciar un recurso, legítimo, sino que exterioriza una decisión deliberada de no acatar lo resuelto. El incumplimiento ya es efectivo”, sostuvieron los abogados.
Señalaron que en el sistema informático de gestión académica (Sarbidea) se impide formalizar la matrícula, por lo que la calificación impugnada se sigue computando y la medida cautelar se halla “de hecho, desactivada”. “Nos encontramos ante una vía de hecho y ante una conducta dirigida a eludir el cumplimiento de lo resuelto”, aseveraron.
La defensa subrayó la “urgencia extrema” debido al cierre del plazo de preinscripción, adjudicación y matrícula del curso 2026/2027. “De no obtenerse el cumplimiento de la medida con carácter inmediato, la consumación de ese plazo perentorio dejará el auto vacío de todo contenido y privará al proceso de su finalidad legítima”, argumentaron.
Insistieron en que “la medida es ejecutiva de inmediato y la apelación no suspende su cumplimiento” y que “el deber de cumplir las resoluciones judiciales y de prestar la colaboración requerida es de rango constitucional”. Asimismo, consideraron que la “imposibilidad de cumplimiento” no la decide la Administración, sino el tribunal.
Los abogados indicaron que la alegada imposibilidad es “inexistente” y que “lo que la demandada invoca (alteración del orden de prelación, afectación a terceros) no es sino la reiteración de los argumentos de fondo que ya esgrimió en su escrito de oposición y que el auto ponderó y rechazó”. Añadieron que “la medida es perfectamente realizable mediante la admisión y reserva provisional de plaza a resultas del pleito”.
La representación legal solicitó que se requiera de forma personal al rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, y a la Secretaría General de la Universidad, para que en un plazo no superior a tres horas cumplan la medida cautelar, absteniéndose de computar la calificación de Lengua Vasca y Literatura II a efectos de la nota de acceso y admisión, y habilitando la matrícula provisional y la reserva de plaza. También pidieron que se aperciba de la posible imposición de multas coercitivas de 150 a 1.500 euros y de la deducción de testimonio para la exigencia de responsabilidad penal por desobediencia a la autoridad judicial, en caso de incumplimiento.