La Fundación para el Estado de Derecho cuestionó la explicación del comisionado de Paz, Otty Patiño, tras la suspensión provisional de los diálogos con la Segunda Marquetalia ordenada por el Consejo de Estado, y afirmó que el Gobierno habría optado por cambiar el nombre del grupo para mantener las negociaciones.
La Fundación para el Estado de Derecho cuestionó la explicación entregada por el comisionado de Paz, Otty Patiño, después de que el Consejo de Estado ordenara la suspensión provisional de los diálogos adelantados por el Gobierno de Gustavo Petro con la Segunda Marquetalia. La organización afirmó que el Ejecutivo habría optado por cambiar el nombre del grupo para mantener las negociaciones.
El pronunciamiento surgió luego de que la Oficina del Comisionado de Paz asegurara que las conversaciones ya no se realizaban con la Segunda Marquetalia, sino con una estructura denominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Según Patiño, desde noviembre de 2024 no existen contactos, comunicaciones ni negociaciones con la organización liderada por Iván Márquez.
La información publicada por Revista Semana señala que el funcionario sustentó su posición en una resolución expedida en julio de 2025, mediante la cual se estableció una mesa de negociación con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. De acuerdo con el Gobierno, ese proceso ha permitido avances para reducir la violencia en los territorios.
Sin embargo, la Fundación para el Estado de Derecho, que presentó la demanda que llevó a la decisión provisional del Consejo de Estado, rechazó esa explicación y sostuvo que no bastaba con modificar la denominación del grupo para considerar que se trataba de una negociación distinta.
La organización afirmó que, si realmente se tratara de dos grupos diferentes, el Gobierno habría tenido que iniciar un nuevo proceso de paz mediante un acto administrativo independiente. También cuestionó que se mantuvieran los mismos representantes y los actos expedidos durante la negociación original. “Si realmente fueran grupos distintos, lo lógico habría sido iniciar un nuevo proceso de paz con un acto administrativo independiente, no simplemente cambiar el nombre y mantener los mismos representantes y los mismos actos”, señaló la Fundación.
Para los demandantes, la respuesta de la Consejería Comisionada de Paz carece de sentido jurídico. La organización insistió en que los procesos de negociación con grupos armados deben cumplir lineamientos constitucionales y legales, especialmente cuando involucran a personas que firmaron un acuerdo de paz y posteriormente regresaron a las armas.
La Fundación recordó que la Segunda Marquetalia fue conformada por antiguos comandantes de las Farc que se apartaron del Acuerdo de Paz de 2016. Entre sus integrantes estuvieron Iván Márquez, Seuxis Paucías Hernández, conocido como Jesús Santrich; Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa, y Henry Castellanos, alias Romaña. El planteamiento central de la organización es que el Gobierno no podía adelantar negociaciones con disidentes que suscribieron un acuerdo y luego retomaron las armas. Según su interpretación, esa posibilidad estaría prohibida por la Constitución y la ley.
Patiño, por su parte, afirmó que el Gobierno no estaba negociando con la Segunda Marquetalia ni con Iván Márquez. Según el comisionado, la mesa vigente corresponde exclusivamente a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura con la que se habrían alcanzado resultados en materia de reducción de violencia. La Fundación replicó que los propios actos administrativos del Gobierno contradicen esa postura. También cuestionó la afirmación de Patiño sobre supuestas negociaciones con “fantasmas”, expresión utilizada por el funcionario al defender la existencia de una estructura separada de la Segunda Marquetalia. “Los propios actos del Gobierno contradicen la idea de que se negociaba con ‘fantasmas’”, respondió la organización al referirse a los documentos y representantes vinculados al proceso.
La suspensión ordenada por el Consejo de Estado es provisional y forma parte del trámite judicial iniciado por la demanda. Por ahora, la decisión abre un debate sobre la identidad jurídica del grupo con el que dialogaba el Gobierno, la validez de los actos administrativos expedidos y la posibilidad de mantener los acuerdos alcanzados. La Fundación destacó el llamado realizado por el alto tribunal para que las negociaciones respeten las condiciones previstas en el ordenamiento jurídico. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una organización distinta y que las conversaciones con la Segunda Marquetalia terminaron desde noviembre de 2024.