El militar retirado Carlos Martínez se encadenó frente a la sede de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) en Rosario para reclamar la cobertura de una cirugía oncológica para su esposa, en medio de la suspensión de prestaciones médicas que afecta a unos 3.700 afiliados en esa ciudad.
Buenos Aires, 30 de julio (NA) — El militar retirado Carlos Martínez se encadenó frente a la sede de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) en Rosario para reclamar la atención médica de su esposa, diagnosticada con cáncer, en el marco de la suspensión de prestaciones que afecta a la entidad.
La protesta se produjo mientras afiliados, trabajadores civiles y personal militar denunciaron la interrupción de la cobertura médica para unos 3.700 beneficiarios en Rosario, como consecuencia del corte de servicios por falta de pago a clínicas y sanatorios privados.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los servicios médicos permanecen suspendidos desde el 9 de julio y la falta de cobertura alcanza consultas de guardia, internaciones, cirugías programadas y tratamientos en curso.
El reclamo se concentró frente a la sede de IOSFA ubicada sobre calle España al 1500, donde afiliados y empleados realizaron una manifestación para exigir la restitución de las prestaciones y una solución al conflicto.
La situación se da en el marco del proceso de disolución de IOSFA y la creación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), dispuesto por el Decreto 88/2026, que reorganizó la cobertura sanitaria del personal militar y de las fuerzas federales.
Cómo se originó el conflicto y qué alcance tiene la crisis
En Rosario, antes de la reorganización, el sistema contaba con unos 11.200 afiliados. Tras la división del padrón entre distintas obras sociales, alrededor de 3.700 personas permanecen bajo la cobertura de OSFA y son las afectadas por el corte de prestaciones.
El conflicto tiene origen en una deuda con la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Rosario (ACLYSA), que derivó en la suspensión de los servicios por parte de los prestadores privados.
Además de la interrupción de nuevas consultas, la falta de cobertura también afecta internaciones, cirugías y tratamientos ya iniciados, mientras los afiliados denuncian que afrontar esas prestaciones de manera particular resulta económicamente imposible.
De acuerdo con la información difundida por representantes de los trabajadores, la obra social atraviesa un fuerte desequilibrio financiero y acumula una deuda estructural estimada en 220.000 millones de pesos.
En ese contexto, los afiliados reclamaron una respuesta urgente para normalizar la atención médica y advirtieron que la continuidad del conflicto pone en riesgo el acceso a la salud de miles de integrantes de las Fuerzas Armadas, personal civil y sus familias.