La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó este martes una pena de seis años de prisión para los hermanos Pablo y Sergio Schoklender y para los exfuncionarios Julio De Vido, José López y Abel Fatala, en el marco del juicio oral por el presunto desvío de fondos del programa de viviendas sociales Sueños Compartidos.
La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó este martes una pena de seis años de prisión para los hermanos Pablo y Sergio Schoklender y para los exfuncionarios Julio De Vido, José López y Abel Fatala, en el marco del juicio oral por el presunto desvío de fondos públicos destinados al programa de viviendas sociales Sueños Compartidos.
La acusación de la querella coincidió con la del fiscal Diego Velasco, quien en su alegato había solicitado la pena máxima prevista para todos los imputados. Los hermanos Schoklender fueron apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y, por lo tanto, responsables de la ejecución del programa de viviendas sobre el que recae la acusación.
Al fundamentar el pedido, la representante de la UIF, Marianela Teich, sostuvo que los imputados montaron una “arquitectura delictiva” que constituyó “una maniobra sistemática de corrupción en la contratación pública”. Según Teich, “la prueba producida demostró que los imputados Julio De Vido, José López y Abel Fatala desviaron intencionalmente la financiación de Sueños Compartidos”.
Para los exfuncionarios provinciales Daniel Alfredo Nasif, Silvia Karina Nasif, Claudio Freidin y Carlos Castellano, la UIF pidió una pena de cuatro años de prisión, en calidad de partícipes secundarios.
El programa Sueños Compartidos fue ejecutado a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que recibió los fondos mediante convenios con el Ministerio de Planificación que dirigía De Vido, así como con provincias y municipios. Teich afirmó: “La fundación fue el instrumento, el perjuicio patrimonial fue el resultado, y los ejecutores, organizadores y beneficiarios del desvío fueron Sergio y Pablo Schoklender”. Agregó que “la institución, la estructura operativa conducida y dominada por Pablo y Sergio Schoklender, fue la que montó este engranaje”.
La presidenta de la fundación, Hebe de Bonafini, también había sido enviada a juicio oral, pero falleció en noviembre de 2022, antes del inicio del debate, por lo que la acción penal en su contra quedó extinguida.
El eje de la acusación es que, entre 2008 y 2011, se habrían otorgado de manera irregular convenios para construir viviendas populares, sin licitación, mediante un esquema que involucraba a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación, la Fundación Madres y provincias o municipios. El Estado destinó alrededor de 1.295 millones de pesos para el programa. Según la acusación, la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de López, transfirió más de 748 millones de pesos, de los cuales habrían sido sustraídos 206 millones, cifra que representa más del 23% de la financiación.
Antes del receso de invierno, el fiscal Velasco y su auxiliar Juan Argibay Molina habían solicitado penas de entre seis y cuatro años para los involucrados. Velasco declaró: “Fue un hecho de gran corrupción. No por el monto, sino por las estructuras administrativas que estuvieron involucradas, por las personas y funcionarios que estuvieron involucrados y por el tiempo que insumió la maniobra”. Agregó: “La pena de 6 años aparece como escasa para retribuir a la sociedad”.
El juicio oral continuará durante todo el mes de agosto con los alegatos de las defensas, y luego se conocerá el veredicto del Tribunal Oral Federal 5, integrado por Adriana Palliotti, Adrián Grünberg y Ricardo Basílico.