El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó un sistema al que podrán adherir las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El mecanismo contempla la detección de dispositivos y el bloqueo de los equipos, las líneas y las tarjetas SIM vinculadas.
El Gobierno puso en marcha un programa para detectar y bloquear teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios provinciales, mediante un sistema al que podrán adherir las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La medida fue oficializada por el Ministerio de Seguridad Nacional a través de la Resolución 806/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. La normativa incluye un protocolo técnico y un modelo de convenio de adhesión para que las distintas jurisdicciones puedan incorporarse al sistema federal.
El mecanismo contempla la identificación de los códigos IMEI, correspondientes al dispositivo, e IMSI, asociados a la tarjeta SIM, además de la línea telefónica vinculada. De esta manera, el bloqueo podrá mantenerse incluso si se cambia la tarjeta SIM del teléfono detectado.
La implementación estará a cargo de la Subsecretaría de Articulación Federal, que coordinará el programa en las jurisdicciones que decidan adherir. Para ello, cada provincia deberá suscribir el convenio específico incluido como anexo de la resolución.
El Ministerio de Seguridad Nacional funcionará además como ventanilla única frente a las empresas de telefonía móvil. Las provincias deberán remitir a través de ese canal la información sobre los dispositivos detectados para que el pedido de bloqueo sea enviado formalmente a las compañías.
De esta manera, las jurisdicciones provinciales no podrán solicitar directamente a las empresas telefónicas la inhabilitación de los dispositivos. El procedimiento centraliza esa gestión en el Gobierno nacional.
El programa se apoya en la normativa vigente sobre el uso de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios y amplía a las cárceles provinciales un esquema que hasta ahora estaba circunscripto al Servicio Penitenciario Federal.
Cómo funcionará el bloqueo
El procedimiento comienza con la detección de los equipos que se activen dentro de áreas de detención o sectores de acceso restringido. Una vez identificados sus códigos IMEI e IMSI, el ministerio provincial con competencia penitenciaria deberá reportarlos al sistema federal mediante la ventanilla única del Ministerio de Seguridad Nacional.
A partir de esa información, la cartera nacional enviará la solicitud a las empresas prestadoras del servicio móvil. Las operadoras tendrán un plazo máximo de 48 horas para confirmar la ejecución del bloqueo una vez que reciban el pedido formal.
El Servicio Penitenciario Provincial deberá realizar el monitoreo remoto de los equipos de detección y comunicar de inmediato cualquier incidente. El protocolo también establece mecanismos de auditoría para controlar el cumplimiento del procedimiento.
La normativa contempla, además, la habilitación de sectores destinados a la guarda de dispositivos para personal autorizado, entre ellos agentes penitenciarios, magistrados, abogados, representantes de organismos de control y miembros diplomáticos o consulares. Estos espacios deberán ubicarse fuera de las áreas alcanzadas por el sistema de detección.
El protocolo para las provincias
Las jurisdicciones que adhieran deberán cargar diariamente la información de los dispositivos detectados en un servidor habilitado por el Ministerio de Seguridad Nacional. Los datos deberán presentarse en archivos CSV y organizarse de acuerdo con cada empresa prestadora.
El sistema contempla cinco operadoras y establece el envío de dos archivos por cada una: uno con los identificadores IMSI y otro con los IMEI, bajo una nomenclatura estandarizada que incluye la empresa y la fecha del reporte.
La información vinculada con los bloqueos deberá ser tratada bajo estrictas normas de confidencialidad, mientras que el cumplimiento de las distintas etapas del procedimiento será sometido a controles periódicos.