La constructora Cortes y Sistemas demandó a Hatzlaja, concesionaria del shopping Oh! Buenos Aires, por $840 millones más IVA. La demanda involucra al empresario Marcelo Porcel, procesado por abuso sexual de menores, quien firmó como apoderado de la empresa hasta diciembre de 2025.
El empresario Marcelo Porcel está procesado por el juez Carlos Bruniard por abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de un menor, en perjuicio de 10 compañeros de colegio de sus hijos. Tiene una tobillera electrónica. Porcel niega los hechos y apela las decisiones judiciales.
Sus problemas judiciales sumaron una segunda sede, el fuero comercial, y un escenario a la vista de todos: Oh! Buenos Aires, el shopping que iba a reemplazar al viejo Buenos Aires Design y que, seis años después de firmada la concesión, todavía no abrió.
La constructora Cortes y Sistemas, contratista principal de la obra, demandó a Hatzlaja, la concesionaria del predio de Junín 1960, por $840 millones más IVA, intereses y costas, y pidió un embargo preventivo por ese monto sobre las cuentas y los bienes de la empresa. Según la demanda, el contrato que dio origen al conflicto, una carta oferta del 19 de diciembre de 2022, lo suscribió por Hatzlaja “su apoderado y socio Marcelo Porcel”.
La demanda no menciona a Porcel como demandado, pero tampoco se queda en la sociedad. Invoca los artículos 54, 59 y 274 de la Ley General de Sociedades para que respondan “solidaria e ilimitadamente” el presidente y los directores de Hatzlaja, y también sus “administradores, socios, formales y ocultos, y controlantes”. Para eso pide a la Inspección General de Justicia el legajo completo de la empresa.
La pregunta de quién está detrás de Hatzlaja no es nueva. Cuando estalló la causa penal, el entorno de Porcel aseguró que el empresario se había desvinculado del emprendimiento del que había sido la cara visible. Empleados del predio, en cambio, sostenían que aún pagaba la refacción.
De acuerdo a un acta de asamblea, el 4 de noviembre de 2024, Hatzlaja aceptó las renuncias de Marcelo Porcel y su esposa, María Eugenia Llorente, a sus cargos de presidente y directora suplente. Sin embargo, esa acta se publicó en el Boletín Oficial casi dos años después, el 3 de septiembre de 2026. De acuerdo a lo que establece la ley de sociedades, los efectos de la renuncia son diferentes según se trate de socios o de terceros. Para los primeros, es inmediata; para los segundos, cuando se publica.
Según pudo saber LA NACION, de acuerdo a los registros que hay en el gobierno porteño, Porcel firmó como apoderado los escritos de la concesionaria ante la Ciudad hasta diciembre de 2025. En enero de 2026, con la causa penal en plena ebullición, la firma pasó a Ofelia Weiss, también como apoderada.
La reconstrucción que hace la constructora en la demanda describe una obra que avanzó con muchos problemas. El contrato era llave en mano: $1000 millones más IVA, un 15% de anticipo sin ajuste y el resto actualizado por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción. El plazo era de 15 meses, desde enero de 2023 hasta el 16 de abril de 2024. Desde octubre de 2023, siempre según la demanda, llegaron las facturas vencidas y las intimaciones. El comitente certificaba el avance, pero autorizaba facturar solo una parte.
A eso la constructora le suma los subcontratos que Hatzlaja debía contratar por su cuenta, como instalaciones, pintura, ascensores y escaleras mecánicas. Sin esos trabajos, la contratista no podía avanzar, porque no se coloca un porcelanato donde todavía no se instaló una escalera mecánica. El plan de trabajos llegó a tener 16 versiones y las escaleras mecánicas entraron a la obra después de vencido el plazo. La demanda cita también una resolución porteña del 18 de octubre de 2023 que habría multado a la concesionaria por la falta de esos subcontratos.
El pasaje más llamativo del expediente ocurre en junio de 2024. Con facturas intimadas y sin acuerdo por los costos de “mayor permanencia” en obra, Hatzlaja respondió con un presunto robo. Dijo haber sufrido, por “fallas de seguridad”, la sustracción de $26.500.000, US$119.000 y otros US$4800 de sus oficinas, el 6 de mayo de 2024, y quiso cargárselo a la contratista, responsable de la vigilancia del predio.
La constructora rechaza esa responsabilidad. Sostiene que debía custodiar “el predio y el contenido de los elementos de obra”, no las oficinas del comitente ni el efectivo que allí se guardara, y que nadie le avisó que hubiera dinero. Agrega que ninguna autoridad la citó por ese hecho.
Por eso pidió que un perito revise los arqueos de caja de Hatzlaja de esos días y cómo registró la empresa el siniestro. La concesionaria tenía, además, otro argumento para no pagar: reclamaba la devolución del anticipo actualizado, unos $200 millones, aunque el contrato dice que el anticipo “no contempla ajuste”.
El 25 de junio de 2024, Cortes y Sistemas rescindió el contrato por culpa del comitente. La cuenta que presenta tiene dos rubros. El daño emergente suma $546,4 millones, entre facturas impagas, certificados sin facturar, mayor permanencia y materiales retenidos. El lucro cesante agrega $294,3 millones, calculados como el rendimiento de un plazo fijo sobre la deuda.
La demora no empezó con la constructora. La gestión de Horacio Rodríguez Larreta firmó la concesión con Hatzlaja el 17 de julio de 2020 y el acta de inicio de obra es del 16 de noviembre de 2021. Según la reconstrucción del expediente que realizó LA NACION, el informe de obra que la administración saliente le entregó a Jorge Macri en diciembre de 2023 marcaba un avance algo menor al 30%. Esa cifra coincide con la que reconocía la dirección de obra, no con el 50% que reclamaba la constructora.
En junio de 2024, Cortes y Sistemas le informó a la Ciudad que ya no estaba a cargo de la ejecución. Desde enero de ese año, la concesionaria acumuló cinco multas por incumplir obligaciones del contrato. Desde entonces, la obra avanzó cerca de 70 puntos y el informe de septiembre de 2026 ya habla de un 99% de avance.
La Ciudad prevé aperturas parciales, empezando por los locales que dan a la avenida Pueyrredón. Si el cronograma se cumple, los primeros locales del demorado Oh! Buenos Aires van a abrir con dos expedientes en curso: el penal, que tiene a Porcel con tobillera electrónica, y el comercial, donde aparece su firma y una deuda millonaria.