El Colectivo IMV Afectados y Afectadas pide una reforma de la ley del Ingreso Mínimo Vital para que las familias vulnerables no deban reintegrar montos recibidos por errores de la administración, ante la advertencia del Defensor del Pueblo.
El Colectivo IMV Afectados y Afectadas solicitó al Gobierno la modificación de la normativa del Ingreso Mínimo Vital (IMV) con el objetivo de que las familias en situación de vulnerabilidad no tengan que devolver el dinero recibido a causa de un error administrativo. La organización reclama que la Seguridad Social pueda condonar total o parcialmente la deuda cuando el problema se haya originado por la propia administración.
En un comunicado, los afectados recordaron que el Defensor del Pueblo, institución dirigida por Ángel Gabilondo, ya advirtió que estas reclamaciones económicas, derivadas en muchos casos de errores administrativos, “afectan especialmente a quienes más lo necesitan y están empujando a familias ya empobrecidas hacia situaciones límite”.
“Muchas de las personas beneficiarias del IMV que están siendo sometidas a reclamaciones económicas derivadas, en numerosos casos, de errores administrativos, revisiones tardías y procedimientos profundamente injustos, se enfrentan a embargos, endeudamiento, miedo constante, bloqueo vital e incluso al riesgo de perder la vivienda”, denunció la organización. Lo más grave, añadieron, es que el Defensor del Pueblo ha advertido formalmente del daño que está causando el actual sistema y ha recomendado modificar la normativa para limitar estos perjuicios “y, sin embargo, el Gobierno ha decidido rechazar sus recomendaciones”.
“El mismo Gobierno que se presenta como garante de la justicia social ha optado por ignorar las advertencias de la institución encargada precisamente de defender a la ciudadanía más vulnerable”, indicaron. Por ello, reclaman al Ejecutivo que acepte las recomendaciones del Defensor del Pueblo y modifique la ley, “de modo que se elimine la retroactividad y se garantice seguridad jurídica a las familias”.
El colectivo asegura que para miles de familias esta prestación “se ha convertido en una trampa burocrática de la que no pueden escapar”, por lo que consideran que se trata de “un problema de Estado en materia de protección social”. Asimismo, pidieron al resto de partidos políticos que “dejen de utilizar el sufrimiento de los afectados como arma partidista” y que emprendan reformas legislativas. “Si no vemos pasos normativos reales y propuestas registradas en el Congreso de los Diputados, entenderemos que existe una falta de voluntad política real para proteger a las familias afectadas”, defendieron.
El Gobierno puso en marcha el IMV en junio de 2020 como respuesta social a la pandemia, con el objetivo de prevenir la pobreza y la exclusión social. Según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), hasta abril de 2026 la ayuda ha llegado a un total de 846.454 hogares, de los cuales en 581.054 conviven menores. La ayuda tiene una cuantía media de 540 euros mensuales por hogar y en el mes de abril el pago total alcanzó los 497,2 millones de euros. Respecto al año anterior, hay 126.911 prestaciones activas más, lo que representa un aumento del 17,7% en el número de hogares protegidos. El número de beneficiarios también creció un 17,7% y sumó 388.428 personas adicionales en comparación con abril de 2025. La mayoría de los titulares y beneficiarios del IMV son mujeres.