Un año después del atentado del 7 de junio de 2025 que terminó con la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía y la familia mantienen la solicitud de que el caso sea reconocido como crimen de lesa humanidad. El debate jurídico continúa abierto.
Un año después del atentado del 7 de junio de 2025 que terminó meses después con la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía y la familia del dirigente mantienen su solicitud de que el caso sea reconocido como un crimen de lesa humanidad, al considerar que sus efectos trascendieron el ámbito individual y alcanzaron a la democracia colombiana.
Según la Fiscalía y la representación de las víctimas, la tesis parte de la idea de que el ataque no estuvo dirigido únicamente contra una persona, sino que buscó afectar el funcionamiento de la democracia colombiana y enviar un mensaje de intimidación a un sector de la actividad política nacional.
De acuerdo con la investigación, detrás del atentado estarían estructuras de la Segunda Marquetalia que habrían promovido el crimen con el propósito de incidir en el escenario político y electoral del país.
Por esa razón, tanto el ente acusador como los representantes de la familia han utilizado el término magnicidio para referirse al asesinato de Uribe Turbay. Aunque esta denominación no existe como delito autónomo en el Código Penal colombiano, suele emplearse para describir el asesinato de figuras de alta relevancia política cuya muerte genera consecuencias institucionales de gran impacto.
El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia, sostuvo que el atentado trascendió la afectación individual y constituyó un ataque contra la democracia y la oposición política. Bajo ese argumento, solicitó que el caso sea declarado crimen de lesa humanidad, una figura que tendría importantes efectos jurídicos, entre ellos la imprescriptibilidad de la acción penal y la posibilidad de perseguir indefinidamente a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales.
Sin embargo, la discusión jurídica sigue sin resolverse. Aunque la Fiscalía ha respaldado la gravedad política del crimen y señaló que el atentado buscaba alterar el escenario democrático del país, hasta ahora las autoridades no han informado que el caso haya sido reconocido formalmente como un crimen de lesa humanidad.
El crimen de lesa humanidad está definido en el Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional. Este marco jurídico establece que estos delitos se configuran cuando actos como el asesinato se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque. En ese sentido, no basta la gravedad del hecho ni la relevancia de la víctima, sino que debe acreditarse la existencia de un patrón o política de violencia dirigida contra un grupo de personas.
Algunos expertos en derecho penal, como el abogado Joseph Rodríguez, consideran que con la información conocida hasta el momento el caso no reúne las condiciones necesarias para ser catalogado como un crimen de lesa humanidad. Rodríguez señaló al medio Teleantioquia que la denominación de magnicidio tiene un importante impacto simbólico y político, pero no genera efectos jurídicos autónomos dentro del ordenamiento colombiano. De acuerdo con su explicación, para que el asesinato de Miguel Uribe Turbay pudiera encajar en la categoría de lesa humanidad sería necesario demostrar que hizo parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, un requisito que, hasta ahora, no ha sido acreditado por las autoridades.
También precisó que el proceso continúa enmarcado dentro de las figuras penales de homicidio agravado y otros delitos asociados a la planeación, financiación y ejecución del atentado.
En la misma línea, otros especialistas citados por el medio mencionado advirtieron que no debe confundirse el caso de Miguel Uribe Turbay con magnicidios históricos como los de Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán o Carlos Pizarro Leongómez, ocurridos en contextos de violencia política más amplios. Por ello, aunque la Fiscalía y la familia del dirigente sostienen que el crimen tuvo un impacto sobre la democracia colombiana, la eventual declaratoria de lesa humanidad sigue siendo una discusión jurídica abierta que deberá ser resuelta por las autoridades judiciales competentes.