La Fiscalía General de la Nación identificó a Juan Andrés Romero Calderón como presunto responsable de amenazas de muerte contra funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en Soacha, Cundinamarca. La investigación indica que las amenazas se produjeron en respuesta a determinaciones administrativas sobre terrenos. El implicado fue capturado en Fontibón y un juez de control de garantías avaló su prisión preventiva.
La Fiscalía General de la Nación identificó a Juan Andrés Romero Calderón como presunto responsable de amenazas de muerte contra funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en Soacha, Cundinamarca. Las investigaciones señalan que Romero Calderón habría actuado en respuesta a determinaciones administrativas de la entidad, principalmente el bloqueo de documentos legales vinculados a terrenos ubicados en la zona férrea y en la Autopista Sur de Soacha. Según la Fiscalía, estos inmuebles representaban intereses económicos para el implicado.
Las amenazas se habrían materializado en dos momentos distintos: uno en agosto de 2022 y otro en octubre de 2025. En ambas ocasiones, el acusado habría ingresado a las oficinas portando un arma de fuego y habría utilizado este elemento para intimidar a los servidores públicos presentes. En un episodio posterior, el 8 de abril, el exregistrador de Instrumentos Públicos de Soacha recibió en su despacho una corona fúnebre. Este acto simbólico, según los elementos probatorios recopilados, fue atribuido a Romero Calderón.
La Policía Nacional ejecutó una orden de captura en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. Un fiscal adscrito a la Seccional Cundinamarca imputó a Romero Calderón el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Además, solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario, petición que fue avalada por el juez de control de garantías.
En Colombia, la amenaza de un servidor público constituye una conducta penalizada de forma severa. El Código Penal contempla figuras específicas como la violencia contra servidor público y las amenazas contra funcionarios, con penas que pueden oscilar entre cuatro y ocho años de prisión en el primer caso, y de 72 a 128 meses en el segundo, dependiendo de la gravedad y de los sujetos afectados.