El secretario de Bases Federadas, Sebastián Campo, expresó su rechazo a la adhesión al UPOV 91 y a la nueva Ley de Semillas impulsada por el Gobierno, al considerar que la normativa deja desprotegidos a los pequeños productores frente a las grandes multinacionales.
El secretario de Bases Federadas, Sebastián Campo, analizó para Canal E el debate por una nueva Ley de Semillas, que volvió a generar controversia en el sector agropecuario luego de que el Gobierno difundiera un nuevo protocolo de fiscalización vinculado a los derechos de propiedad intelectual.
Campo sostuvo que la organización considera que el Estado debe proteger especialmente a los pequeños productores. “Nosotros creemos que forma parte ya de una estructura de gobierno que protege al productor, al sujeto agrario, al sujeto con rostro humano”, afirmó.
El dirigente aclaró que la entidad no se opone a la investigación ni al desarrollo tecnológico, pero cuestionó que los costos recaigan sobre los productores. “Nosotros consideramos que tenemos derecho al uso propio de la semilla”, remarcó. Además, agregó: “No estamos para nada en desacuerdo con la investigación, con el desarrollo porque gracias a eso ha ido evolucionando un esquema productivo nacional con nuevas variedades, con nuevas tecnologías”.
Según explicó, el financiamiento de la innovación podría sostenerse a través de organismos públicos como el INTA, el INTI, el CONICET y las universidades nacionales. En esa línea, ratificó que Bases Federadas mantiene “el rechazo a formar parte de UPOV 91 que deja al productor totalmente al descubierto del avance de las grandes multinacionales”.
Respecto de la actualización de la Ley de Semillas, Campo reconoció que existe consenso sobre la necesidad de modernizar la normativa, aunque advirtió sobre las consecuencias para los pequeños productores. “Está claro que hay que hacer una actualización de la ley de semillas porque ha cambiado el esquema productivo nacional”, señaló. Sin embargo, alertó que una mayor carga económica podría acelerar la desaparición de explotaciones agropecuarias. “Han desaparecido 200.000 unidades productivas durante los últimos 25-30 años”, aseguró. Además, agregó: “Tenemos menos unidades productivas que en el grito de Alcorta”.