La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se reunió de urgencia este domingo para analizar si inicia un proceso disciplinario contra el juez Juan Carlos Peinado, tras afirmar que los policías que custodian a Begoña Gómez podrían ayudarla a fugarse de España.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia expedientar al juez Juan Carlos Peinado por afirmar que los policías que ejercen de escolta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, podrían ayudarla a fugarse de España.
La Comisión Permanente del CGPJ se reunió de urgencia este domingo desde las 10.00 horas de forma telemática para decidir si remiten el asunto al promotor de la acción disciplinaria para la apertura de un expediente.
Los miembros de la comisión están valorando distintas propuestas y existe la posibilidad de que se convoque un nuevo encuentro de la Comisión Permanente este lunes a partir de las 9.00 horas, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Esta reunión de urgencia se produce después de que este sábado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladó a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, la «más enérgica queja» por las afirmaciones del juez Peinado sobre los agentes que custodian a Begoña Gómez en su auto.
En dicha resolución, de 84 páginas y fechada este sábado, el magistrado sostiene que «no cabe duda» de que los agentes que acompañan a Gómez pueden, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», colaborar «en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia».
Para el ministro, esas afirmaciones «representan un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho».
Marlaska señaló además que las sospechas del magistrado alcanzan no solo a los agentes con el servicio de acompañamiento asignado «sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales».
El titular de Interior consideró estas afirmaciones «un hecho de máxima gravedad» e instó al CGPJ a que adopte «las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones», al tiempo que insistió en la «plena profesionalidad» de los agentes y de sus mandos.