El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afronta una serie de procesos judiciales que involucran a exministros, familiares y aliados políticos, mientras la oposición exige elecciones anticipadas.
MADRID.- En España, los casos de corrupción continúan apareciendo en la agenda pública. El principal afectado es el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque también persisten procesos vinculados a la administración de Mariano Rajoy, como el caso «la Kitchen», y otros que involucran a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La presión ha aumentado entre los socios de investidura de Sánchez. Junts, el partido de Carles Puigdemont, se sumó a PP y Vox en una moción en el Congreso que exige a Sánchez convocar elecciones o someterse a una moción de confianza. Sin embargo, una moción de censura impulsada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no prospera por la falta de apoyos, ya que la participación de Vox resulta incompatible para la mayoría de los partidos.
El presidente socialista ha reiterado que las elecciones serán en 2027. Según analistas, los escenarios más probables son una convocatoria a principios de año si no se aprueban los presupuestos, o en septiembre, dentro de los plazos legales.
Desde la Moncloa, el gobierno ha clasificado los escándalos en tres categorías: reconocimiento de mala praxis y distanciamiento de los acusados, defensa de su inocencia, y denuncia de una conspiración para hacer caer al Ejecutivo.
El pasado lunes, el Tribunal Supremo condenó a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, a 24 años y tres meses de prisión por pertenencia a organización criminal, soborno, tráfico de influencias y malversación, en el caso de contratos irregulares para la compra de mascarillas durante la pandemia. Sánchez se distanció de Ábalos y de su asesor Koldo García, también condenado. «Es un caso flagrante y gravísimo de corrupción protagonizado por unas personas muy concretas», afirmó el presidente.
En la misma categoría se encuentra Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, con causas abiertas por corrupción y por una presunta trama para influir en procesos judiciales contra el Gobierno, conocido como «caso Leire Díez».
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado por tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y delitos contra la Hacienda Pública. En su declaración ante el juez, negó haber presionado para el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. La Moncloa defiende su inocencia. «Nadie puede extraer conclusiones del caso Zapatero y el ejecutivo progresista no tiene nada que ocultar», declaró Sánchez.
En los casos que afectan a la familia de Sánchez, el PSOE señala una conspiración de sectores conservadores de la judicatura. El hermano del presidente, David Sánchez, está imputado por presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz, y su juicio quedó visto para sentencia. La esposa de Sánchez, Begoña Gómez, está acusada de tráfico de influencias y corrupción. El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa, le retiró el pasaporte por riesgo de fuga. El presidente ha evitado usar el término «lawfare», pero ha trazado una línea roja alrededor de su familia desde 2024.